La Policía Federal de Brasil realizó requisas en las propiedades de diversos ex funcionarios del gobierno, entre ellos, ex ministros de la presidenta Dilma Rousseff, senadores y el ex mandatario Fernando Collor de Mello, quien gobernó entre los 1990-1992.
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Los investigados son sospechosos de tener vínculos con el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras, en la que desviaron millonarias sumas de dinero de la petrolera mediante fraude en las licitaciones y contratos inflados.
En el caso del ex presidente Fernando Collor de Mello, actual senador por el Partido Laboralista de Brasil, dos de sus residencias y algunas de sus empresas fueron intervenidas como parte del operativo policial.
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Un testigo informó a la agencia Reuters que la Policía incautó a Collor de Mello un Ferrari rojo, un Porsche negro y un Lamborghini gris.
Una de las empresas de Collor de Mello que fue investigada es la sede de la TV Gazeta, filial de la TV Globo en Maceió, capital de Alagoas. El expresidente es uno de los principales accionistas de la empresa.
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En Río de Janeiro, se realizaron pesquisas en la sede de la empresa BR Distribuidora, subsidiaria de Petrobras, y en las residencias de dos de sus directores: José Zonis y Luis Cláudio Caseira Sanches.
Los abogados de Collor de Mello cuestionaron la investigación, a la que consideraron invasiva y arbitraria. Los abogados agregaron que los hechos son de hace dos años y que al ex presidente no fue llamado siquiera a brindar aclaraciones sobre el caso.
Los domicilios del senador Ciro Nogueira, el diputado Eduardo da Fonte, el ministro de Ciudades y ex diputado Mário Negromonte. La disposición también incluyó al ex ministro de Integración Nacional y actual senador Fernando Bezerra del Partido Socialista Brasileño.
De acuerdo con el procurador general, Rodrigo Janot, el objetivo de la operación es garantizar la confiscación de bienes adquiridos mediante presuntas prácticas delictivas e impedir la destrucción de pruebas que comprometan a los investigados.
Se informó que el operativo incluye la intervención de un total de 53 órdenes de búsqueda en todo el país y la aprehensión de bienes y documentos.