El Congreso de Bolivia, que cuenta con mayoría del oficialismo, determinó este martes que no existen pruebas que vinculen al presidente Evo Morales al uso de sus influencias para beneficiar a la empresa china CAMC —donde trabajó su expareja— en la adjudicación irregular de millonarios contratos con el Estado.
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De acuerdo a un informe preparado por una comisión mixta del Congreso, "todos los procesos de contratación" en los que CAMC obtuvo la buena pro fueron desarrollados "dentro del marco legal".
Además, se señaló que la empresa en la que trabajó la expareja sentimental de Morales, Gabriela Zapata, "ganó por su propuesta técnica, mejores propuestas económicas y no existe indicio ni prueba de tráfico de influencias".
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En lo referido a las acusaciones de corrupción contra Evo Morales, se informó que "no hay una sola prueba que confirme la teoría de tráfico de influencias y ello está en la declaración de testigos y en todos los documentos investigados".
Gabriela Zapata, expareja de Morales, se encuentra preventivamente en prisión por usurpación de funciones y tráfico de influencias al beneficiar a CAMC, donde laboró como gerenta comercial. La compañía se adjudicó siete contratos por un valor de US$576 millones.