Un tribunal superior de Japón aceptó este martes la apelación presentada por una compañía eléctrica del oeste del país para reactivar un reactor nuclear cuya suspensión había ordenado de forma pionera nueve meses atrás por motivos de seguridad.
La decisión del Tribunal Superior de Hiroshima supone un giro de 180 grados con respecto a su fallo del pasado diciembre, cuando se convirtió en la primera corte superior en ordenar la suspensión del funcionamiento de un reactor atómico al decretar la detención del reactor 3 de la central de Ikata, de la eléctrica Shikoku Electric.
Aquel fallo, el primero de una instancia de ese nivel tras el accidente de Fukushima en 2011, cuestionaba las estimaciones de la operadora sobre la potencia de un eventual terremoto (clave en el diseño de una estructura lo suficientemente resistente), así como los riesgos asociados a la actividad volcánica en una provincia cercana.
En la apelación, Shikoku Electric argumentó que considera que hay una "baja posibilidad" de que el volcán en discordia, el monte Aso, situado a unos 130 kilómetros de la planta, experimente una erupción a gran escala, según recogió la agencia local de noticias Kyodo.
El alto tribunal sí consideró en su fallo de diciembre que la compañía había subestimado el riesgo de llegada de rocas calientes y cenizas volcánicas a la central en caso de erupción, una posibilidad que los querellantes, varios residentes de zonas cercanas a la planta, dicen que representa un "alto riesgo de accidente".
Aquella decisión fue una victoria para el movimiento antinuclear de Japón, y asestó un duro golpe al Gobierno central y las operadoras que buscan reactivar reactores tras el apagón atómico pos-Fukushima.
La decisión todavía puede ser apelada ante el Tribunal Supremo.
El de Ikata (desconectado desde 2016 a raíz de una revisión rutinaria) es uno de los 42 reactores en condiciones operativas de Japón de los que actualmente sólo cinco están funcionando tras las reactivaciones promovidas por el Ejecutivo desde 2015, a las que se oponen gran parte de la ciudadanía y las autoridades locales.
Fuente: EFE