El oficialismo argentino consiguió dar inicio el lunes a una sesión en el Congreso en la que busca aprobar una controvertida reforma de las jubilaciones y pensiones con la que pretende recortar el déficit fiscal, mientras policías dispersaban a manifestantes que tiraban piedras y botellas en las cercanías del Parlamento.
Antes del tratamiento de la iniciativa -que contempla una reducción de los haberes y que ya cuenta con la aprobación del Senado- sindicalistas y militantes de agrupaciones sociales y políticas tiraron cascotes e intentaron volcar varias de las vallas con las que cientos de agentes de la policía protegían la sede legislativa. Poco después los miembros de las fuerzas de seguridad comenzaron a dispersar a los manifestantes con carros hidrantes.
Con el apoyo de varios opositores, la coalición oficialista Cambiemos logró que 130 diputados se sentaran en sus bancas -uno más de los necesarios- para comenzar a debatir.
Mientras, manifestantes ajenos a los grupos enfrentados a la policía gritaban cerca del Parlamento “el pueblo unido jamás será vencido” y ondeaban banderas argentinas.
El gobierno del presidente Mauricio Macri espera contar en la Cámara de Diputados con el apoyo de un sector del peronismo opositor luego de que el 14 de diciembre fracasara una sesión para tratar la reforma a causa de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías y del fuerte rechazo político al proyecto. Para ello, prometió a los jubilados y pensionados de menos ingresos una compensación económica que no es respaldada por los sindicatos y las agrupaciones sociales y políticas contrarias.
VIOLENTOS ENFRENTAMIENTOS
Al mediodía y pocas horas antes del inicio del debate parlamentario la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, comenzó un paro de actividades por 24 horas en contra del proyecto.
Cientos de vuelos en el aeropuerto de la capital se suspendieron y se espera que a lo largo de la jornada miles de pasajeros resulten afectados por la huelga.
La iniciativa es la primera de las reformas económicas, junto con la tributaria y la laboral, que impulsa Macri luego del contundente espaldarazo logrado en las elecciones legislativas de octubre. Pese a ser la fuerza mayoritaria, el oficialismo necesita negociar en el Parlamento con la oposición para sacar adelante las leyes.
El gobierno sostiene que la iniciativa consensuada en los últimos días con los gobernadores de las provincias es beneficiosa porque garantiza "un futuro claro" al asegurar haberes por encima de la inflación. Los mandatarios provinciales pactaron el apoyo a cambio de que el gobierno les garantizara fondos para cubrir sus deficitarias arcas públicas.
El oficialismo tenía previsto aprobar la reforma, pero la sesión legislativa del 14 de diciembre se vino a pique por la alta tensión social y política producto del fuerte rechazo al proyecto, basado en una modificación de la fórmula que establece los aumentos periódicos a las jubilaciones en un contexto inflacionario.
La iniciativa implica una pérdida de ingresos, lo que generó que sindicalistas y militantes de organizaciones sociales y políticas se enfrentaran con fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede del Parlamento mientras en la cámara baja se producía una discusión acalorada entre los diputados.