Buenos Aires. Por octava vez, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará en la tarde de este martes en el Congreso de Argentina el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), después de que en 2018 los diputados lo aprobaran pero quedara cancelado por el Senado.
A pesar de que el 14 de junio del 2018 la Cámara Baja aprobó el texto, el 8 de agosto los senadores lo rechazaron con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones.
El polarizado debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito vuelve en 2019 con el objetivo, por parte de multitud de organizaciones sociales y feministas, de que vea la luz en este año marcado por las elecciones presidenciales y legislativas de octubre próximo.
Estas son las principales claves del proyecto, que tiene en contra a otras tantas asociaciones y plataformas consideradas 'provida':
► El sujeto de la ley es toda mujer "u otras identidades con capacidad de gestar", sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o estatus de residencia/ciudadanía.
► Estas tendrían el derecho de abortar voluntariamente, de forma legal, segura y gratuita, hasta la semana 14 del proceso de gestación. Actualmente, el aborto solo se considera "no punible" cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.
► Se elimina la cláusula que habilitaba, en el anterior proyecto de ley presentado, extender también el número de semanas para realizar la práctica en caso de malformación en el feto.
► El documento propone la modificación del Código Penal para despenalizar, en cualquier caso, a las mujeres que aborten.
► Asimismo, pretende penalizar a aquellos profesionales que dilaten el plazo de 14 semanas de forma injustificada o se nieguen a realizar dicha práctica.
► Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en alguien menor de 13 años, se pedirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
Pero si es requerida por una persona de entre 13 y 16 años, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.
► No se incorpora la objeción de conciencia, ya que se considera una negación a una práctica de salud con base en creencias religiosas y morales. El proyecto no admite la negación de derechos con base en creencias religiosas.
► Se agregaron al nuevo proyecto artículos respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, con el fin de fortalecer las políticas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva.
► Se incorpora un Programa Médico Obligatorio, que obliga a las obras sociales a dar cobertura total del tratamiento para la interrupción del embarazo, que será gratuito dentro del sistema público de salud.
Fuente: EFE