La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; ha llamado la atención de un informe recién acerca del gobierno chavista de Nicolás Maduro en Venezuela, donde declara que continúan las torturas y ejecuciones a los opositores de Maduro en el país.
El informe declaró pequeños detalles ocurridos a lo largo de un año desde el 2021 hasta el 2022, donde señaló que el número de violaciones de derechos humanos hacia ciudadanos seguía y era “alarmante”.
Se documentó seis casos en donde autoridades del Estado actuaron en barrios populares, matando a varios vecinos. Se observó señales de tortura física en algunos de los cadáveres durante la autopsia.
Se detalló además 14 casos de detención arbitraria, con oficiales llegando a no avisar a familiares de los prisioneros sobre el paradero de los detenidos. También se describió casos de detención arbitraria en contextos de protestas pacíficas, aunque es un número menor a comparar con años pasados.
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En cuestión de integridad física y mental de personas detenidas, el Ministerio Público «recibió 235 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad, incluidas 20 relacionadas con personas que enfrentan cargos relacionados con el terrorismo».
Mientras, Bachelet recibió de manera directa «denuncias de tortura o malos tratos relacionados con 14 personas privadas de libertad» y lamento debido a que «la falta de investigaciones adecuadas y de protección contra las represalias desalienta a las víctimas a denunciar».
El informe declara que Venezuela todavía limita la libertad democrática, asustando y criminalizando a las voces disidentes como a los medios de comunicación. Con semejantes actos represivos, es complicado que varios sectores del país ejerzan con efectividad su labor.
Llegaron a documentarse «154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil».
El informe será presentado el próximo 29 de junio ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.