Protestantes en contra del aborto.
Protestantes en contra del aborto.

Tras el fallo definitivo del de los sobre denunciar el, muchos estados aprovecharon para seguir el mandato. Gracias a las “leyes gatillo”, leyes de activación automática, 13 Estados con anticipación han declarado fin al aborto horas meras tras la declaración del fallo.

Aunque el Congreso difiera con la opinión pública (más del 60% de la población votó a favor de conservar maneras legales de acabar con el embarazo), la mayoría de Estados republicanos han apoyado la decisión. Con el efecto de las leyes gatillos, muchos Estados con mayor gobernanza por republicanos seguiría este ejemplo y declararía enseguida ilegal cualquier forma de irrumpir el embarazo desde el momento de la concepción.

En Texas llegó a declararse incluso hoy Día Festivo para celebrar la decisión del Supremo.

Una partidaria en favor del aborto llora frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, el 24 de junio de 2022. (OLIVIER DOULIERY / AFP).
Una partidaria en favor del aborto llora frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, el 24 de junio de 2022. (OLIVIER DOULIERY / AFP).

Aparte de los dos Estados ya mencionados, también están a favor de esta decisión Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin.

MIRA: El Tribunal Supremo deroga el derecho al aborto en Estados Unidos

La nueva ley de Misuri prohíbe cualquier forma de aborto desde el inicio de la concepción, salvo en casos de emergencia médica. Aunque no clarificaron si esto también velaría en los casos de violaciones e incesto. Aunque el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha apoyado esta decisión, los fiscales de las principales ciudades tejanas están en contra y han asegurado que no perseguirán penalmente ningún caso de aborto.

Por ahora, las mujeres que se encontraron sin ayuda han recibido apoyo en California y Nueva York; dos Estados que se han declarado en contra de la decisión del Supremo. También el gobernador de Massachussetts, el demócrata Charlie Baker, ha firmado una orden ejecutiva para proteger a los sanitarios y clínicas que reciban a pacientes de otros Estados, al impedir que organismos estatales colaboren en las investigaciones acerca de qué mujeres abortan.

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