Los trabajadores agrícolas esperan en la fila para recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 en Tudor Ranch, California. (Foto: Jae C. Hong)
Los trabajadores agrícolas esperan en la fila para recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 en Tudor Ranch, California. (Foto: Jae C. Hong)

En los trabajadores agrícolas inoculados representan a una gran cantidad de inmigrantes vulnerables. En particular, 11 millones de migrantes no tiene permiso de residencia y en algunos casos, según activistas, son personas con poco acceso a la campaña de vacunación más grande del país.

Algunos inmigrantes no autorizados temen que la información solicitada sea entregada a las autoridades y por ende no sean vacunados, mientras otros, encuentran la barrera del idioma como un obstáculo para inocularse.

Por otro lado, hay grupos que dudan de la vacuna por el hecho de que es de reciente aprobación y se preocupan por no entender los mensajes en inglés que pueda llegarles para contrarrestar la desinformación.

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Una gran parte de la fuerza laboral en las industrias es de origen latino, y estos grupos son quienes enfrentan el riesgo de contagio más alto por el coronavirus. Asimismo, las dificultades existen para muchos grupos vulnerables de inmigrantes.

Pablo Alvarado, director de la National Day Laborer Organizing Network (Red Organizadora Nacional de Jornaleros), una asociación que vela por el bienestar de los migrantes, manifiesta a la agencia AP que: “Hay ansiedad y es real... pero también lo es el temor de morir de COVID-19”.

ENFRENTANDO DESAFIOS

Organizaciones que protegen a los inmigrantes latinos enfrentan los desafíos visitando los campos agrícolas para llevar vacunas e información a los trabajadores migrantes, informándolos en español y otros idiomas.

Recientemente la organización de salud sin fines de lucro Desert Healthcare District and Foundation llevó al extenso condado de Riverside de California, un sector agrícola de 1.300 millones de dólares, las vacunas contra el coronavirus y tabletas para que los trabajadores reserven una cita para inocularse, comentó Conrado Bárzaga, su director general.

Además, la entidad comparte información por WhatsApp sobre el virus y cómo conseguir hacerse la prueba. La comunicación se da en español y purépecha, una lengua indígena del oeste de México que hablan algunos trabajadores agrícolas en California.

Por otro lado, la Red Organizadora Nacional de Jornaleros ha utilizado un programa de radio en español en las redes sociales para compartir información sobre el virus durante la pandemia. Ahora, sus colaboradores, también migrantes, planean desacreditar los mitos sobre la vacuna entre sus 300.000 escuchas semanales, dijo Alvarado.

El director de la National Day Laborer Organizing Network cree que neutralizar la información en redes sociales es fundamental para superar la desconfianza sobre la vacuna. De esta manera, desmentir la aseveración falsa de que con ella se implantarán microchips a las personas.

PLAN DE RESCATE

El presidente Joe Biden tiene un “Plan de Rescate de Estados Unidos” por 1.9 millones de dólares. Este incluye un programa para constituir centros comunitarios de vacunación en diferentes partes del país y emplear clínicas móviles para llegar a comunidades difíciles de alcanzar. El mandatario también dijo que tomará medidas para que la vacuna se gratuita para todas las personas que se encuentren en Estados Unidos al margen de su condición migratoria.

Sin embargo, algunos grupos activistas afirman que el legado de las políticas restrictivas de inmigración del gobierno del expresidente Donald Trump hará difícil la tarea de llegar a algunos inmigrantes.

La directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida en Miami, Maria Rodríguez, expresó que aún existen temores en torno a la llamada regla de la carga pública del anterior gobierno, pues se pretendía negar las tarjetas de residencia a migrantes que reciben cupones de alimentos u otras prestaciones públicas.

No obstante, la regla de la carga pública no ha restringido el acceso a las vacunas relacionadas con enfermedades transmisibles y está siendo impugnada en tribunales, manifestó Rodríguez, “no importa, la percepción aún persiste”.

Por otro lado, el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, fue criticado recientemente al señalar que solo los trabajadores con estatus legal tendrían prioridad en la campaña de vacunación del estado. Sin embargo, al día siguiente Ricketts pareció retractarse y mediante su portavoz señaló que la “prueba de ciudadanía no es requerida para la vacunación”, según el periódico Omaha-World Herald.

TEMOR INMIGRANTE

Daniel Cortés, de 58 años, vive en Nueva York y no tiene permiso para estar en Estados Unidos, asegura que no se pondrá la vacuna, pues es un hombre saludable y teme una reacción adversa. Hasta la fecha no hay casos de reacciones adversas, según pruebas de las vacunas aplicadas en el país, estas no han producido indicios de efectos secundarios graves.

“Mantengo el distanciamiento social, me lavo las manos, me cambio de ropa cuando llego a casa”, señaló Cortés, quien cree que esas precauciones son suficientes. “No me he enfermado en ocho años y espero seguir así”.

Asimismo, Blanca Flores, organizadora comunitaria en la Alianza Nacional de Campesinas, dijo que varias de las mujeres con las que trabaja en las zonas rurales de Homestead, Florida, creen que toda información personal proporcionada podría ser utilizada en su contra posteriormente. Otra preocupación, es que puedan ser despedidas por la posibilidad de faltar al trabajo si tuvieran una posible reacción adversa después de la vacunación.

“Les gustaría esperar uno o dos meses para ver qué ocurre y tomar después una decisión”, dijo Flores, una inmigrante colombiana que tiene residencia legal.

Sin embargo, existen otros casos de personas que se encuentran ansiosas por vacunarse, pues han sido asoladas en forma desproporcionada por el virus. En Nueva York, Francisco Flores, un inmigrante mexicano que perdió a un hermano, un cuñado y una cuñada por culpa del Covid-19, dijo que no dudaría en vacunarse.

Flores, de 54 años ha vivido sin permiso en Estados Unidos durante dos décadas, pero tiene previsto inscribirse en la lista.

“El gobierno ya tiene mis datos. He estado aquí por mucho tiempo. Tengo licencia de manejo, cuentas bancarias. No tengo nada que temer”, dijo Flores, quien trabaja para una compañía que arregla campos de golf. “Y después de lo que hemos pasado con el COVID, no dudaría en vacunarme”.

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