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La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyó este sábado a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestamente cometer “fraude a la constitución” y violar la separación de poderes.
La destitución, que deja incompleta y sin presidente al órgano Judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo.
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Los votos fueron dados por los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).
Los magistrados destituidos son el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ, Jose Armando Pineda, y los magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.
Además de los suplentes Rogel Zepeda, José Cristóbal Reyes, Jorge Alfonso Quinteros, José Luis Lobo Castelar y Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.
La iniciativa fue introducida por la primera vicepresidenta y exministra de Cultura del Gobierno de Nayib Bukele, Suecy Callejas, con dispensa de trámites.
En el documento, la diputada señala a los magistrados de cometer “fraude a la constitución” y de ejercer funciones atribuidas al Gobierno por sus sentencias sobre el manejo de la pandemia de la COVID-19.
También señala que los magistrados tuvieron una “arrogante intromisión” y una “interferencia abusiva” con dichos fallos.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia del coronavirus.
Norma fue declarada inconstitucional
Poco después de la votación, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró inconstitucional la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a sus magistrados por considerar que viola el sistema de Gobierno.
Los magistrados señalaron que la medida “viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista” establecido en el artículo 85 de la Constitución.
“Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala”, señalaron los magistrados en un fallo dado a conocer poco tiempo después de que se votó su destitución.
Señalaron que la labor de control es necesario “para la defensa y garantía del elemento sustancial de una democracia” y “para asegurar una democracia representativa compatible con la Constitución”.
Fuente: EFE
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