El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, revocó este martes dos decretos firmados en mayo pasado que facilitaban la compra y porte de armas de fuego en Brasil, pero propuso otras tres medidas para su flexibilización con el fin de ajustarse a las exigencias del Congreso.
Bajo la presión del Congreso brasileño, que ya dio un primer paso en contra de la medida, Bolsonaro revocó los decretos y editó otros tres sobre el tema para adaptarse a los cambios solicitados por el Legislativo, según una edición extraordinaria publicada en el Diario Oficial de la Unión.
Los nuevos decretos tratan por separado de la flexibilización de las armas para cazadores, la adquisición y porte de armas de fuego y el registro y comercialización.
El presidente también decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para alterar la legislación sobre el asunto, aunque hasta el momento no especificó el contenido del mismo.
El Gobierno estudiaba alternativas para evitar una nueva derrota en el Congreso, después de que el Senado rechazara la semana pasada los decretos promulgados por Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero.
La mayoría de los senadores consideró que, tal como había afirmado la Comisión de Constitución y Justicia de esa cámara, una materia de esa naturaleza no puede ser decidida por decreto y solo puede tramitar si es bajo la forma de proyecto de ley.
El decreto estaba a la espera de análisis en la Cámara de los Diputados, que tiene la última palabra sobre el asunto, y el Tribunal Supremo tenía pendiente también juzgar un pedido de anulación.
Al cambiar la ley sobre la compra y el porte de armas por decreto, Bolsonaro afirmó el pasado mes de mayo que su decisión responde a que "el pueblo soberano decidió" a favor de la venta de armas en un referéndum celebrado hace 13 años.
La flexibilización en la compra y el porte de armas y la promoción de la "autodefensa" en la sociedad frente a la delincuencia fueron unas de las principales promesas de campaña de Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que llegó al poder tras vencer al progresista Fernando Haddad, sucesor de Luiz Inácio Lula da Silva en la carrera electoral.
El decreto firmado en mayo generó una ola de rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluidos organismos de derechos humanos que argumentan que la medida puede incrementar la violencia en el país.
Considerado como uno de los países más violentos del mundo, Brasil alcanzó una cifra récord de 65.602 homicidios en 2017, lo que supone una media de 31,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Fuente: EFE