"No estamos ante una cuestión únicamente de un fiscal o un juez... esto está claro que es un sistema, un entramado", expresó la ex jefa de Estado en una sesión del Senado.
"No estamos ante una cuestión únicamente de un fiscal o un juez... esto está claro que es un sistema, un entramado", expresó la ex jefa de Estado en una sesión del Senado.

La ex presidenta de (2007-2015), actual senadora, denunció este miércoles que su país se encuentra ante un "sistema muy perverso de extrema gravedad constitucional e institucional" por la existencia de funcionarios judiciales que "extorsionan a la gente".

"No estamos ante una cuestión únicamente de un fiscal o un juez... esto está claro que es un sistema, un entramado", expresó la ex jefa de Estado en una sesión del Senado.

Fernández dedicó gran parte de su intervención a opinar sobre la causa judicial por la que el pasado lunes fue procesado con prisión preventiva el supuesto abogado Marcelo D'Alessio.

El empresario Pedro Echebest había denunciado que este lo extorsionó indicando que lo hacía en nombre del fiscal Carlos Stoenelli y que le reclamó 300.000 dólares para evitar que quedara involucrado en un caso de presuntos sobornos de poderosos empresarios a ex altos cargos del kirchnerismo, en el que también está procesada la ex presidenta.

Ese fiscal, que ya está siendo investigado por la Justicia, niega tajantemente esas acusaciones, que cree que se tratan de una operación para manchar la conocida como "causa de los cuadernos".

"Conocíamos el Lava Jato (escándalo de corrupción en Brasil), articulación de lo mediático y político... pero en Argentina le agregaron algo más", expresó Fernández.

"Además de estigmatizar a dirigentes políticos opositores, en el medio los funcionarios judiciales se dedicaron a hacer negocios y extorsionar a la gente", añadió la senadora.

En el auto de procesamiento de D'Alessio, el juez del caso, Juan Ramos Padilla, señaló que ha podido comprobar "la actividad de agentes de inteligencia -orgánicos o inorgánicos- que están llevando adelante operaciones ilícitas" vinculadas con la actividad judicial.

"De acuerdo a la documentación secuestrada, D'Alessio llevaba a cabo operaciones de inteligencia y en particular 'operaciones psicológicas' sobre varios ciudadanos que luego eran extorsionados", añadió en el dictamen.

El magistrado señaló que "con anuencia" de Stornelli se llevaron adelante "operaciones de inteligencia y de acción psicológica" para el "éxito" de sus investigaciones judiciales, y aunque señaló que es "probable" que Stornelli "no esté vinculado al reclamo dinerario" a Etchebest, "aparecen muchos elementos que lo vinculan con esos hechos de extorsión".

Para Fernández, que está procesada en seis causas -la mayoría por corrupción- y recalca que es víctima de una persecución judicial impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, en la actualidad se está "ante un sistema muy perverso de extrema gravedad constitucional e institucional" que "no es casual".

"Cada argentino y argentina tiene que saber que estos sistemas se arman no solamente por cuestiones económicas o de oposición interno política, sino para imponer modelos económicos o sociales. Siempre fue así", aseveró.

El juez Ramos señaló en su auto que tanto la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como el Ministerio de Seguridad "han desconocido por escrito y públicamente tener vínculos formales" con D'Alessio.

Tras dar por "corroborada" la relación entre Stornelli y el supuesto abogado, Ramos destacó que se ha constatado que existen "maniobras puntuales" en las que se constata la participación directa del fiscal, del supuesto abogado y de "otros actores".

El magistrado afirmó que Stornelli consideraba a D'Alessio "un servicio de inteligencia de los Estados Unidos" y le pedía "merca" (información), le solicitaba "investigaciones paralelas" o "extraoficiales" y hasta "operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban".

"D'Alessio no era un simple extorsionador u operador judicial que habría girado a un fiscal descuidado, sino alguien que se presentaba como agente de la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE.UU) y se ponía al servicio del fiscal para realizar tareas de investigación y espionaje", enfatizó el juez.

Asimismo, aclaró que la Embajada de los Estados Unidos no ha dado "respuesta formal" a su requerimiento para saber si el nombrado "pertenecía o no a algún organismo de inteligencia".

Al respecto, Cristina Fernández señaló que del propio dictamen del juez "se puede colegir la actuación de una embajada extranjera".

"Esto solo ameritaría que la Corte Suprema interviniera", agregó.

Fuente: EFE

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