Por Alberto Hidalgo HermosoPolitólogo y asesor de incidencia política de Promsex
Los poderes públicos no deberían mirar hacia otro lado cuando la discriminación, la violencia y la desigualdad son naturalizadas, toleradas y justificadas, en muchos casos. No actuar y guardar silencio, por parte del Estado, frente a estos graves problemas es injusto e irresponsable.
Al menos 13 asesinatos, 13 casos de afectaciones a la seguridad personal, 13 casos de acoso y 4 suicidios de personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en el último año. Esta data, recogida y sistematizada por la sociedad civil (Promsex y Red Peruana TLGB), solo muestra la punta del gran iceberg que representa todavía la violencia homofóbica y transfóbica, alimentada por un sistema patriarcal y machista que criminaliza la diversidad. ¿Dónde está la respuesta del Estado democrático ante esta realidad? ¿Qué harán las nuevas autoridades públicas al respecto?
Según la plataforma Votoporlaigualdad.pe, solo 3 planes de gobierno de las 16 candidaturas presidenciales que compiten finalmente en las elecciones generales de este año recogen políticas contra la discriminación y los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género.
Solo 3 partidos proponen, en distintos niveles, reconocer los derechos civiles de las parejas del mismo sexo. Solo 2 planes proponen incluir la realidad de las personas LGBT en los planes nacionales de derechos humanos y 1 plantea políticas contra la violencia familiar y sexual hacia esta población. Un único plan contempla la aprobación de una ley de identidad de género para las personas trans.
Un único plan recoge políticas contra el bullying o acoso escolar homofóbico y también solo uno contempla la aprobación de una ley de identidad de género para las personas trans.
Ello representa un tímido avance en cuanto al reconocimiento de la diversidad, pero igualmente dibuja un panorama preocupante para los próximos años. A diferencia de lo que está ocurriendo en países como Colombia o Chile, en el Perú nuestros derechos humanos continúan siendo cuestionados y negados por el Estado y esta situación puede perpetuarse con el nuevo gobierno.
¿Hasta cuándo las autoridades mirarán hacia otro lado? ¿Hasta cuándo nuestras vidas y nuestros derechos serán despreciados? No queremos ser ciudadanas y ciudadanos de segunda clase. Nunca más.