La absolución de Adriano Pozo de los delitos de violación y tentativa de feminicidio en el caso de Arlette Contreras despertaron la indignación de la ciudadanía y sobre todo de las activistas por los derechos de la mujer, que llevaba casi tres años en esta batalla legal por hacer justicia.
Tras la decisión de los jueces, Contreras cuestionó a la justicia peruana y su órgano máximo, pues considera que este no aboga por las víctimas y que su presidente dista mucho del mensaje que transmite a los medios.
Por eso este lunes el colectivo 'Ni Una Menos' y otras organizaciones civiles que luchan contra la violencia de género realizaron un plantón frente a Palacio de Justicia para rechazar el dictamen del Poder Judicial que favoreció a Pozo.
Natalia Iguiñiz, una de las promotoras del citado movimiento, pidió que se investigue a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho: Karina Vargas Béjar, Alfredo Barrientos Epillco (votó a favor de condena) y Pantaleón Zegarra Huayhua, por “presunta corrupción, violación a la autonomía e independencia judicial”.
“El país fue testigo de la violencia machista a la que sobrevivió Arlette y de la indiferencia de las autoridades durante el proceso judicial que ella afrontó en su búsqueda de justicia”, señaló.
En tanto, María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados, consideró que Pozo merecía prisión efectiva, pues hay pruebas que lo incriminan. “En este caso hay tentativa de violación... El fallo debe ser revisado”, indicó.