Tragedia en Independencia: Tres sobrevivientes de matanza siguen luchando por sus vidas

Ana López Luján (30) trabajaba como promotora de la discoteca Zeven, en Independencia, cuando se desató la matanza de Independencia, en manos de Eduardo Romero Naupay (32) la noche del viernes 17 de febrero.

La mujer, madre soltera de dos niños, recibió varios impactos de bala, que le destrozaron un riñón, acabaron con su bazo y le han comprometido seriamente parte del intestino. Está grave en el hospital Cayetano Heredia. Su familia pide ayuda.

No es la única víctima de la masacre que lucha por su vida. Martín Moreno Zavaleta (51), gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Los Olivos, está en coma. Tiene alojado un proyectil en el cuello, que le ha dañado seriamente el sistema nervioso central. Otra bala penetró uno de sus brazos.Por su parte, Octavia Morales Antón (39) permanece estable. Tiene la vértebra medular afectada por las balas. Al igual que Moreno, ella se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Jesús del Norte, en Los Olivos.

Son las tres personas que aún permanecen postradas en una cama de un hospital tras el atentado perpetrado por Eduardo Romero Naupay –el primero de su tipo en nuestro país–, el mismo que dejó cinco muertos, entre ellos el asesino.

Según dicho funcionario, este certificado es un requisito fundamental para obtener el mencionado permiso. Sin embargo, sostuvo que hay mafias, que operan en los alrededores de la Sucamec, que los tramitan en los mismos policlínicos autorizados por el Ministerio de Salud (Minsa).

"A través de la ventana de mi oficina y las cámaras de circuito cerrado, he podido observar lo que sucede en la calle", afirmó. Reveló, también, que en mayo de 2016, Romero intentó renovar su licencia, lo que le fue denegado por presentar información falsa.

Ante esta situación, el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, ha anunciado que se decomisarán las armas de los propietarios que tengan sus licencias vencidas. Esto se hará a partir de la primera semana de abril. Del mismo modo, dio a conocer que se coordinará con el Minsa para ser más riguroso con los exámenes.

Por otro lado, el abogado penalista Roberto Miranda afirmó a Perú21 que, en la actualidad, no constituye delito tener vencida la licencia para portar armas de fuego. Se trata solo de una falta administrativa.

"Cuando pasa eso, es considerado posesión ilegítima. No hay sanción. Pero tampoco Sucamec hace nada para recuperar o fiscalizar (esas armas). Creo que esto debería ser corregido por el Congreso", advirtió el letrado.

Actualmente hay 260 mil usuarios de armas de fuego que tienen el permiso caduco, al igual que Eduardo Romero, tal como lo ha dado a conocer el Ministerio del Interior y la propia Sucamec.