Las 13 muertes se produjeron en la noche del sábado en una discoteca de Los Olivos. (Foto: EFE/ Marlon Flores)
Las 13 muertes se produjeron en la noche del sábado en una discoteca de Los Olivos. (Foto: EFE/ Marlon Flores)

La pidió realizar una investigación exhaustiva y aplicar las máximas sanciones penales y administrativas contra quienes resulten responsables de la tragedia en la discoteca de , que dejó como saldo 13 muertos.

En un , señaló que los empresarios involucrados en la organización de un evento dentro de la discoteca -hecho que está prohibido debido al estado de emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19)- deben recibir una “sanción ejemplar”.

“Urge realizar una investigación exhaustiva del caso y aplicar las máximas sanciones penales y administrativas contra quienes resulten responsables. Los empresarios involucrados en la organización de este evento deben recibir una sanción ejemplar que disuada a otros de cometer actividades similares”, expresó.

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La institución también recordó que es obligación de las autoridades municipales fiscalizar que se cumpla la prohibición de llevar a cabo reuniones sociales en bares y discotecas, durante la emergencia sanitaria, más aún si el certificado de Defensa Civil del local donde ocurrió el evento había caducado en enero de este año.

La Defensoría también pidió a la Policía Nacional y el Ministerio Público investigar, en el más breve plazo, si el operativo realizado en la discoteca cumplió con los protocolos de seguridad, más aún, tratándose de un local hacinado con una sola puerta de evacuación.

“Es obligación de las autoridades respetar, en todo momento, la seguridad e integridad de las personas intervenidas, aun si estas se encuentran infringiendo la ley”, acotó en el comunicado.

Tras lamentar la muerte de 13 personas y de extenderles las condolencias a los familiares, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de reenfocar la estrategia de lucha contra la pandemia del COVID-19 para dar un mayor protagonismo a la sociedad civil organizada.

“El Gobierno debe activar y acompañar la labor de las organizaciones barriales y vecinales, quienes conjuntamente con las autoridades locales deben contribuir a identificar actos manifiestamente ilegales y contraproducentes para la seguridad y salud pública”, indicó.

“Solicitamos, por ello, a las municipalidades distritales de Lima y Callao redoblar sus esfuerzos, para que en coordinación con los vecinos, y la Policía Nacional del Perú, cumplan su deber de vigilar y prevenir las reuniones masivas de personas”, sentenció.

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