Telesup cuestionó denuncia interpuesta contra abogado de la universidad, Luis Morey Estremadoyro. (Foto: GEC)
Telesup cuestionó denuncia interpuesta contra abogado de la universidad, Luis Morey Estremadoyro. (Foto: GEC)

El Consejo Directivo de la Universidad Privada informó que apelará la resolución emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual () que declaró “improcedente” la denuncia interpuesta por casa de estudios contra la por presuntas barreras burocráticas.

Mediante un comunicado, Telesup consideró que existe una “barrera ilegal” por parte de la Sunedu. “Confiamos en que en la segunda instancia el caso sea evaluado correctamente”, se puede leer en el documento.

Vale recordar que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi señaló que no cuenta con las competencias para evaluar el proceso de licenciamiento que forma parte de la Ley Universitaria. La decisión fue plasmada a través de la resolución N°0499-2019/CEB-INDECOPI, elaborada el 11 de octubre.

En otro momento, Telesup añade que la denuncia interpuesta por Procuraduría Pública de la Sunedu contra Luis Morey Estremadoyro, abogado de la universidad, no tienen fundamento y constituye un “acto de amedrentamiento inaceptable en una democracia”.

La Procuraduría de la Sunedu formuló otra denuncia contra José Luna Gálvez, excongresista y fundador del Grupo Educativo Telesup. Ambas querellas son por el presunto delito de difamación agravada en contra de Sunedu, el Consejo Directivo y el superintendente, Martín Benavides.

Asimismo, Telesup considera que el Decreto Supremo N°016-2019-MINEDU emitido por el Poder Ejecutivo “ha confirmado que existe discriminación y que el gobierno ha quebrantado el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución”. Este lunes el Ministerio de Educación (Minedu) dispuso la formación de un Plan de Emergencia para las universidades públicas con licencia institucional denegada por la Sunedu.

“No es posible que las universidades públicas con licencia institucional denegada cuenten con un sistema especial que les permita una nueva oportunidad para lograr su licenciamiento mientras que las universidades privadas no. Eso es inconstitucional”, precisa.


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