Ni una menos: Tarea pendiente para prevenir la violencia contra las mujeres

Jovana fue masacrada y casi desfigurada por su esposo, pero más que los golpes le dolió en el alma la violencia de la justicia peruana. Tras batallar para poner la denuncia en la comisaría, pues el policía de turno no quería recibirla porque no tenía papel y le aconsejaba que deje las cosas así, la joven de 26 años logró que el caso pasara al Poder Judicial.

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Sin embargo, su agresor quedó libre y lo peor, el juez le entregó la custodia de su hijo excusándolo con el argumento de que solo es violento con ella y tiene mejor situación económica.

El caso de Jovana no es aislado. Es una muestra de lo que está ocurriendo diariamente en el país. Mujeres como Jovana o como Arlette Contreras y Lady Guillén todos los días son violentadas por la justicia peruana que, pese a las evidencias contundentes de la violencia a la que fueron sometidas, dan controversiales fallos que favorecen a los agresores.

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Patricia Sarmiento, de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, indicó que aunque existen herramientas legales para que la violencia contra la mujer sea investigada y sancionada adecuadamente, en la práctica esto no se cumple, en gran parte por la cultura machista que aún existe en el país y que justifica la violencia.

Un estudio de la Defensoría del Pueblo sobre la violencia en relaciones de pareja reveló el mal uso de las herramientas procesales por parte de los jueces que ven estos casos. Por ejemplo, beneficios como la confesión sincera y la confesión anticipada se están aplicando de manera indebida para imponer sanciones por debajo del mínimo legal.

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Asimismo, se ha detectado que en algunos casos se ponen las penas más bajas y sobre eso se va restando, pese a que se trata de casos donde hay agravantes. Además, estas figuras legales se están aplicando aun cuando el asesino fue detenido en flagrancia y el beneficio ya no debería aplicar.

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"De las sentencias revisadas se puede deducir que los jueces toman más en cuenta lo que dice el denunciado, pues siempre lo benefician y nunca a la víctima. En algunos casos los justifican por no tener educación o antecedentes penales. Siempre de alguna manera se respalda su acción y se le da la sanción más baja sin tener en cuenta el proyecto de vida que truncó o el daño que causó a la víctima o a sus familiares", dijo Sarmiento.

Pero eso no es todo. Una encuesta hecha también por la Defensoría entre magistrados para saber si conocían los instrumentos jurídicos que pueden usarse para sancionar casos de violencia contra la mujer –como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer– reveló que muy pocos conocían estas herramientas.

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"Hemos revisado las sentencias en más de 150 expedientes y no encontramos una sola que haga referencia a esta jurisprudencia internacional que defiende los derechos de la mujer, y con la cual se podría aplicar sanciones más adecuadas y reparaciones civiles más justas", manifestó Sarmiento.

Ante los cuestionamientos surgidos por estos casos y la marcha 'Ni una menos' convocada para hoy, inmediatamente las autoridades han tratado de implementar medidas para procesar mejor a los denunciados por violencia. Mientras el Ministerio Público anunció la creación de fiscalías especializadas en delitos de feminicidio, el Poder Judicial creó la Comisión de Justicia de Género, para uniformizar el criterio de los jueces en casos de violencia contra la mujer. Asimismo, dispuso la capacitación obligatoria de los magistrados en la perspectiva de género.

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Pero ¿será esto es suficiente? Melissa Bustamante, especialista de Género y Derechos Humanos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), señaló que en el Perú ya hay importantes avances normativos y de política pública para prevenir y sancionar la violencia. Recientemente se aprobó un nuevo Plan Nacional Contra la Violencia de Género y se reglamentó la Ley 30364 contra la violencia hacia las mujeres, para procesar estos casos. Sin embargo, el problema en el Perú es que las leyes no se cumplen. Por eso, hay una brecha enorme entre lo que dice la normatividad y la atención real que reciben las mujeres que deciden denunciar estos hechos.

"El gran reto es dotar de vida a esas leyes y reglamentos. Eso se puede hacer fortaleciendo las competencias y capacidades de los operadores de justicia, pero no solo de los jueces o fiscales, sino también de la Policía, de los médicos, de los asistentes sociales y de todos los profesionales de salud que atienden a las víctimas; todos deben conocer el enfoque de género y de derechos humanos", dijo Bustamente.

Miluska Armas Alvarado, de la Segunda Fiscalía de Familia de Lima, refirió, en ese sentido, que actualmente los fiscales dictan medidas para proteger a las víctimas de violencia, pero nadie se encarga de supervisar que estas se cumplan. "La nueva ley contempla muchas medidas, como la creación de un mapa georeferencial para mapear a las víctimas y agresores, y evitar la violencia, pero quién se va a encargar de hacer cumplir esto", se preguntó.

Ante ello, Rita Figueroa, fiscal superior de familia del Ministerio Público, consideró que se necesita una sinergia interna entre todos los operadores de justicia que intervienen en la atención de las víctimas para que actúen de forma concertada. "Urge generar un subsistema dentro del sistema de justicia que proteja a todos los grupos vulnerables, como mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y población LGTBI, y que abarque a todos los actores. ¿Qué hacemos con fiscales o jueces sensibilizados si cuando la víctima va a la Policía a poner su denuncia no es atendida?, ese caso nunca llegará a nosotros", remarcó.

Pero para todo esto se necesita presupuesto, el cual lamentablemente no ha sido asignado. "Hay buenas intenciones, pero sin un presupuesto no se pueden ejecutar acciones. Este es un tema que tomará tiempo, pero en algún momento se tiene que empezar y la marcha de hoy es el momento perfecto", puntualizó Patricia Sarmiento.

El Observatorio de la Criminalidad implementó un nuevo sistema para detectar los probables casos de feminicidio. Se trata de una herramienta informática que busca en la base de datos de la Fiscalía a las mujeres que denunciaron violencia y presentan un patrón específico de potenciales víctimas.

"El objetivo es reducir la probabilidad de que pueda ocurrir un feminicidio. El sistema busca a las mujeres en riesgo e inmediatamente un equipo de la Fiscalía las ubica para ver cómo está su situación y les hace seguimiento. Ya se han detectado 187 mujeres en alto riesgo, algunas hasta habían presentado 45 denuncias y solo en un caso una fue asesinada", explicó Juan Huambachano, gerente del referido observatorio.