La pita se rompe por el lado más débil, reza un dicho que se vuelve a cumplir en el escándalo que se ha desatado en torno al 'chuponeo' que realizó la Policía al legislador de Luis Galarreta a pedido de la Fiscalía y por orden del Poder Judicial, pese a que no se puede dictar una medida de este tipo contra un congresista sin que se haya levantado la inmunidad parlamentaria.
En lo que parece ser más un intento de lavarse la cara, el titular del Ministerio Público, José Peláez, dejó "sin efecto" la designación como fiscal provisional de la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado de William Montes, quien tenía a su cargo el caso de Rudy Palma, investigado por haber ingresado ilegalmente al correo electrónico de varios funcionarios.
Montes fue quien –con dos policías– ingresó a la sala Basadre del Congreso –que está al costado de las oficinas de la Presidencia y donde solo sesiona la Junta de Portavoces– y le dijo a Galarreta que era una víctima de 'chuponeo' cuando la verdad era que estaban interceptando su teléfono.
Esta medida, que se anunció a través de un comunicado, llega horas después de que Galarreta exigiera la renuncia de Peláez y advirtiera que, si no da un paso al constado, será denunciado constitucionalmente en el Congreso.
El legislador afectado tildó de absurdos los intentos del titular del Ministerio Público de minimizar la arbitrariedad en su contra, cuando dijo que la Fiscalía no sabía de quiénes eran los números intervenidos y que las interceptaciones duraron solo 48 horas.
En tanto, el legislador Carlos Bruce advirtió en Abre los ojos que la Fiscalía de la Nación intenta configurar el delito de crimen organizado en el caso Palma para "empezar a hackear a un medio independiente como Perú21, crítico en esencia", y "chuponear con la complicidad y torpeza del presidente del Congreso".