Defensoría del Pueblo indicó que cese de instituciones públicas afecta los derechos de estudiantes de bajos recursos. (Foto: Sunedu)
Defensoría del Pueblo indicó que cese de instituciones públicas afecta los derechos de estudiantes de bajos recursos. (Foto: Sunedu)

Redacción PERÚ21

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A menos de un mes de culminar el año, y, a su vez, el proceso de licenciamiento de las universidades públicas y privadas impulsado por la , la advirtió que el debe garantizar la continuidad de los estudios de aquellos jóvenes que provienen de instituciones que no aprobaron el proceso.

Gutiérrez Camacho, defensor del Pueblo, dijo que si bien la reforma universitaria es importante, esta política pública “adolece de un enfoque integral que garantice la continuidad de la educación de los alumnos”.

Agregó que la educación es un derecho humano y a la vez un servicio público esencial. Sin embargo, en las últimas décadas se ha evidenciado el crecimiento exponencial de universidades, principalmente en el sector privado donde se ha triplicado su número.

“En 1994 existían 28 universidades privadas, al 2014 llegaron a 92, casi el doble de las universidades públicas que sumaban 49”, refirió.

Respecto a las casas de estudio públicas, Camacho señaló que el Estado es el que debe garantizar el derecho a la educación gratuita, sobre todo para quienes mantienen un rendimiento notable.

Por ello, mencionó que es urgente que el implemente un Plan Integral de Contingencia y Mitigación Social para garantizar la continuidad de los estudiantes de bajos recursos afectados por el cese de sus universidades.