Ancianos, mujeres y niños cargan baldes de agua desde hace tres semanas en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de toda la capital. Y no tienen derecho a quejarse pues así les impone el Estado. Una enorme tubería de desagüe se rompió y nadie, pese a las visitas de diferentes funcionarios del Gobierno, le da una solución real a su problema. Pero esta no es la primera vez.
Los vecinos están en manos de Sedapal, la empresa estatal que administra el agua y el desagüe en Lima. Pero, como toda empresa estatal, nadie responde, no hay quién se haga cargo de las quejas y muchos menos solucione los problemas. La burocracia en todo su esplendor. San Juan de Lurigancho ni ningún peruano deben pasar por ese periplo.
“Tengo que llenar 30 baldes al día y no nos alcanza. Tengo un restaurante que funciona brindando platos criollos y el agua nos falta bastante. Ya llevamos más de tres semanas”, dijo a Perú21 Luzmila, una emprendedora que ve afectados sus ingresos diarios debido a la pésima gestión de Sedapal.
Pero siempre hay quien la pasa peor. En el asentamiento humano El Paraíso, ni siquiera tienen acceso al servicio de agua potable cuando las cañerías no se han roto. Si antes llenaban con cisternas dos veces al día los baldes de agua, ahora, con la escasez generalizada, tienen que esperar más de una semana para abastecerse.
“Como se ha reventado el agua en Las Flores, cada nueve días está llegando (el agua). Dos cisternas nomás nos van a llegar, y acá hay muchísima gente. Después de nueve días viene el aguatero y nos deja un tachito de agua para nueve días. Es injusto”, reclamó Dora Huanca a este diario.
Los comedores populares también se encuentran golpeados por la mala administración de Sedapal. “Un problema grave de gestión es que es una empresa adscrita al Ministerio de Vivienda y allí tiene un jefe, pero también está adscrita al Fonafe y por eso depende, además, del Ministerio de Economía. Es una empresa que tiene más jefes que cualquiera; eso también afecta la gestión”, dijo Rudecindo Vega, exministro y expresidente del directorio de Sedapal.
Vega afirmó también que se necesita políticas públicas de larga duración y no cambiar a funcionarios de acuerdo al antojo del gobierno de turno. “Ojalá que los directorios tengan un grado de duración mayor porque tienen en el tiempo que trazar una política de mediano y largo plazo; insisto en eso si uno quiere mejorar el servicio en Lima. El gobierno, de la mano del Congreso, debería declarar en emergencia el acceso de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Si no hacemos eso, de año en año, de cuando en cuando, vamos a seguir padeciendo estos problemas”, advirtió Vega.
Sedapal es el ejemplo palpable de la pésima administración de las empresas del Estado. El agua es un servicio esencial y los ciudadanos piensan que su administración debe permanecer en manos estatales. Sin embargo, el problema es que la burocracia neutraliza a estas empresas y – como vemos en San Juan de Lurigancho– una mala gestión puede dejar sin agua por más de tres semanas a más de un millón de personas.
Con todos los peligros que eso implica, el actual gobierno de Perú Libre y Pedro Castillo quiere estatizar algunos servicios, pero los peruanos no nos merecemos más sedapales.
Por ejemplo, en ciudades grandes de países vecinos como Guayaquil opera una concesión del servicio de agua por 30 años: Interaguas. Según los reportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la calidad y el alcance de la red han mejorado significativamente. En el mismo periodo, la tasa de pobreza y mortalidad en el Ecuador ha disminuido y la esperanza de vida ha aumentado, lo que en parte está relacionado con la mejora de los servicios de agua y saneamiento”.
En Chile, el servicio de agua es operado por empresas privadas con vigilancia estricta del Estado. Y así, múltiples ejemplos se repiten a lo largo de Latinoamérica.
El presidente Pedro Castillo anunció a mitad de semana que su gobierno está tomando “una decisión con respecto a Sedapal”. “No se preocupen, pronto vamos a informar”, dijo, sin dar mayores detalles.
Según los reportes del INEI, entre mayo de 2019 y abril de 2020, el “9.2% de la población total del país no accede a agua por red pública”.
Es decir, se agrega en uno de sus informes, “se abastecen de agua de otras formas: camión-cisterna (1.2%), pozo (1.6%), río, acequia, manantial (3.5%) y otros (2.8%)”.