Dos mujeres acusan a César Alva Mendoza de haberlas ultrajado sexualmente.
Dos mujeres acusan a César Alva Mendoza de haberlas ultrajado sexualmente.

Redacción PERÚ21

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Tras los recientes cuestionamientos que recayeron en el por el caso de la niña encontrada carbonizada tras ser asesinada por , la Fiscalía de la Nación salió a responder. 

Tal y como se consignó días después de identificar a este sujeto como el primer sospechoso del homicidio, Alva Mendoza tenía antecedentes por casos de abuso sexual. Sin embargo, andaba suelto por las calles.

Ante estos señalamientos, Ana María Cubas Longa —fiscal superior penal de Lima Este— señaló que la falta de presupuesto y de atención por parte del Estado juega en contra del óptimo funcionamiento de las fiscalías.

Solo en , indica Cubas Longa, se cuenta con dos Dirincri y, además, apuntó que "en el año 2017, se atendieron tres mil denuncias por fiscalía. Si a eso se le agrega las de los años anteriores, se llega a 5 mil denuncias por fiscalía, cuando el promedio debería ser 200". 

La fiscal superior refirió que con los mismos recursos que el Ministerio Público posee, "se tiene que incrementar el número de despachos fiscales para atender de manera más oportuna". "Tenemos que tener mayor número de computadoras, movilidades, recursos", añadió.

NO HAY CÁMARAS GESELL EN SJL

Cubas Longa consignó que en San Juan de Lurigancho, las fiscalías no cuentan con cámaras Gesell, lo que genera que las víctimas de violación sexual sean derivadas los despachos de otros distritos, perdiendo tiempo en la investigación.

Por tal motivo, adelantó que con la ayuda de una organización no gubernamental, se ha podido adquirir una cámara Gesell. Aparte, la adquisición de un despacho más para el Ministerio Público en San Juan de Lurigancho, también está en marcha.

"El señor fiscal de la Nación ha coordinado con el alcalde de San Juan de Lurigancho y se ha dispuesto que el complejo San Carlos sea el ambiente  donde se instalará la séptima fiscalía", manifestó.

Esta medida, recalcó Cubas Longa, se hizo para atender la zona en donde ocurrió el vil asesinato de la pequeña María Jimena. "Si el Estado nos daría más presupuesto, no tendríamos que acudir a otros organismos", expresó la fiscal superior de Lima Este.