Los sentenciados que, tras cumplir sus condenas, no cancelen el monto de reparación civil impuesto por la justicia, mantendrán sus antecedentes policiales, penales y judiciales, es decir, quedarán inhabilitados legalmente.
La medida fue establecida en un decreto legislativo que modifica el artículo 69 del Código Penal, el cual indicaba que, luego de cumplir la condena, dichos antecedentes se anulaban automáticamente.
En el caso el caso de los delitos culposos, la anulación de los antecedentes será inmediata, mientras que, los acusados de delitos dolosos serán absueltos definitivamente luego de cinco años, siempre que no reincidan.
La norma, publicada hoy en el diario El Peruano, también indica que la rehabilitación automática no aplicará para los sentenciados por cualquier delito de corrupción contra la administración pública.