El ministro de Defensa, Alberto Otárola, envió un "oficio urgente" al jefe del Ejército, general Víctor Ripalda, en el que le pidió retirar un lote de mil chalecos antibalas que habían sido distribuidos en las bases más importantes del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).
¿El motivo? Dichos chalecos no mitigan el impacto de las balas calibre 7.62 milímetros, que son las que usan los narcoterroristas en el VRAE, donde operan las huestes de los hermanos Quispe Palomino.
Según la denuncia de la revista Caretas, en agosto del 2010, el Ejército firmó un convenio con la compañía norteamericana Point Blank Solutions INS para fabricar 6 mil chalecos por S/.6 millones. Los precios varías según la talla y van desde US$333.39 hasta US$373.16.
El documento lleva las rúbricas del general EP Richard Pitot, entonces jefe de la 18 Brigada Blindada del Rímac, y Michael Foreman y Patrick Stallings, representantes de la firma estadounidense.
Este escándalo involucra a la región militar centro, la más importante del país, y también a la Dirección de Logística del Ejército.
Por lo pronto, Otárola ha solicitado a la Oficina de Control Interno de la institución y a la Contraloría que investigue el caso. El ministro sospecha de que la compra de estos chalecos inservibles podría estar motivada por la corrupción, según la publicación.
De acuerdo con Caretas, el capitán del Ejército Germán Parra, asesinado el 16 de febrero en Ayacucho, tenía puesto uno de estos chalecos cuando una bala de AKM le perforó el pecho en la entrada del Vizcatán, durante un ataque terrorista.