Contralor Fuad Khoury presentó un informe al respecto. (Andina)
Contralor Fuad Khoury presentó un informe al respecto. (Andina)

Redacción PERÚ21

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Los dejaron de ejecutar en conjunto S/. 6,514 millones de recursos del canon en 2011, que pudieron ser empleados para atender las necesidades de la población, informó el contralor General de la República, .

"Hay un bajo nivel de ejecución de inversiones con los fondos del canon que solo alcanza el 60%. Eso evidencia debilidad en gestión administrativa y financiera, y afecta el desarrollo regional", precisó, tras presentar los resultados de un estudio.

El documento precisa que la dispersión de normas sobre el uso del canon genera oportunidades de corrupción e ineficiencia en el gasto, además de que se comprueba la inexistencia de un sistema eficiente que permita monitorear la utilización de dichos recursos, explicó Khoury

Señaló que se han identificado entidades que habrían invertido el dinero en fines no autorizados por un total de s/.166 millones.

El titular de la Contraloría detalló que en el periodo 2007-2011 se transfirieron S/34,779 millones a los concejos distritales, municipios provinciales y gobiernos regionales, cantidad que se acumula ante la falta de ejecución.

OPERATIVO CANONKhoury Zarzar anunció que se realizará un operativo a partir de la próxima semana para fiscalizar a algunos gobiernos regionales y municipios, ante los indicios de uso ineficiente de los recursos percibidos por concepto de canon.

Dijo que se monitoreará las obras ejecutadas, presuntos pagos indebidos en planilla y la supuesta ineficiencia en la ejecución del dinero.

Según el plan de trabajo, refirió que las obras ejecutadas serán evaluadas en 10 gobiernos regionales y 21 municipios; los pagos indebidos por S/.138,3 millones serán revisadas en dos gobiernos regionales y 28 concejos ediles; mientras que las ineficiencias en la ejecución de gasto se hará en 12 gobiernos regionales y 49 municipalidades.

El titular de la adelantó que el Operativo Canon estará a cargo de 60 auditores, se ejecutará desde la próxima semana y tendrá un plazo no mayor de 45 días, tras los cuales, el procurador de la institución formulará las denuncias penales y civiles que correspondan.