Quince congresistas piden que ciudadanos chilenos que optaron por embarazo subrogado sean liberados

Quince congresistas de diversas bancadas se pronunciaron hoy en contra de los 12 meses de prisión preventiva dictada en contra de una pareja de ciudadanos chilenos que optaron por convertirse en padres a través de un embarazo subrogado, es decir, vientre de alquiler.

Mediante un comunicado, legisladores como Marisa Glave, Karla Schaefer, Mercedes Aráoz, Tania Pariona, Gloria Montenegro, entre otros, pidieron la liberación inmediata de Jorge Tovar Pérez y Rosario de los Ángeles Madueño Atalaya, los ciudadanos chilenos involucrados.

"No hay delito ante un vacío legal. La detención preliminar de doce meses dispuesta contra estos ciudadanos y la separación de sus hijos, institucionalizados y privados de contacto a pocos días de nacido, es un acto excesivo y arbitrario que no se condice con la dignidad humana y desconoce el derecho inalienable a formar y ser parte de una familia y la protección legal integral del interés superior del niño, principio rector del ordenamiento jurídico", indicaron.

"Por ello, consideramos que este abuso debe cesar de manera inmediata y disponerse su inmediata liberad y reunificación familiar de los involucrados", agregaron en la declaración pública.

Los congresistas continuaron haciendo hincapié en que la maternidad subrogada no está prohibida por ley y que en nuestro sistema judicial se cuenta con al menos tres sentencias que reconocen la legalidad de esta práctica.

"Desde el Congreso de la República, nos comprometemos a trabajar de forma inmediata un marco normativo sobre la materia, para evitar que los vacíos legales permitan injusticias como esta, que atentan en contra de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas", indica. 

El pasado sábado, la Corte Superior de Justicia del Callao dictó 12 meses de prisión preventiva a la pareja de ciudadanos chilenos por el presunto delito de trata de personas. Ellos estuvieron detenidos desde el 25 de agosto en la carceleta de la Dirincri hasta que Elizabeth Castillo Colán, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del primer puerto, les dictó dicha medida.

La magistrada consideró que no se puede comprobar que los extranjeros sean los padres genéticos de los mellizos. Por tal motivo, interpretan que cuando salían con los bebés por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se los estaban robando.