Declarar en emergencia la seguridad ciudadana del país, a fin de adquirir infraestructura, bienes y servicios para la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), sin los complicados procesos de adquisiciones por el Estado, propuso hoy la comisión especial del Congreso.
La Comisión de Seguridad Ciudadana, en su informe anual del periodo 2011-2012, planteó también tener categoría de comisión dictaminadora, con la potestad de aprobar proyectos de ley.
Además, recomendó al Ministerio de Justicia impulsar la labor del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), con miras a apoyar de manera eficaz y efectiva las tareas de investigación, denuncia y combate a la delincuencia final.
Asimismo, ensayar políticas conducentes a disminuir la inseguridad ciudadana y establecer mecanismos para cobrar la reparación civil en los delitos de secuestro, homicidio agravado, terrorismo, corrupción y violación sexual.
Igualmente, hacer un análisis de la situación en que se encuentra la inseguridad ciudadana.
La comisión, que preside Renzo Reggiardo, recuerda que ha elaborado y presentado 13 iniciativas legislativas, de las cuales sólo dos han sido dictaminadas y convertidas en ley, por lo que critica la lentitud del Poder Legislativo en este caso.
La presentación del informe, que contiene ocho conclusiones y una docena de recomendaciones a las principales instituciones vinculadas con esa problemática, contó con la presencia del ministro de Justicia, Juan Jiménez; el presidente del Poder Judicial, César San Martín; el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y el director de la Policía, general Salazar Salazar.