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Alberto Beingolea dice que incluir el "interés público" en la 'ley mordaza' deja mucho margen a la interpretación…Son opiniones absolutamente erradas. El delito de interceptación telefónica y el delito contra el honor ya están sancionados. El problema es que la 'ley mordaza' sanciona en términos absolutos la difusión de audios obtenidos ilícitamente, salvo que revelen contenidos delictivos.

Él sostiene que definir qué es de "interés público" depende de cada uno, y ahí radica el peligro.Decir que es un término difuso, ambiguo, es falso. Los tribunales de justicia se pronuncian todos los días sobre este concepto. No hay razón para controversias.

¿No es ligero pretender que la prensa determine si hay o no delito?Exactamente, se le está imponiendo un standard muy peligroso a la prensa. Si usted difunde un contenido obtenido ilícitamente en la creencia de que hay ahí un hecho delictivo, y los involucrados van a un proceso y son absueltos, luego ellos vendrán a demandarla y puede ir usted presa.

Si el 'chuponeo' ya es penado, resulta innecesaria una nueva ley…Eso es correcto. Lo que pretende el proyecto, en realidad, es sancionar la difusión, una conducta que no es la interceptación telefónica.

Eso colisiona con la libertad de prensa, pero también con el derecho ciudadano a estar informado.Este no es solo un problema de la prensa, sino del derecho de 28 millones de peruanos a estar informados de todos los asuntos de interés público. Lo que pretenden los políticos es protegerse, blindarse. Se van a mover en la falta de ética, en la componenda política, amparados por esa ley.

¿Qué hacer si el Pleno aprueba la iniciativa tal como está?Debería ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, donde es muy probable que sea declarada inconstitucional. De no ser así, el caso va a terminar, sin duda, en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos.