Cuando realizábamos los megaoperativos, no en pocas oportunidades hallábamos a fiscales y sobre todo a jueces involucrados en organizaciones criminales. Lamentablemente, la judicatura tiene normas internas para procesar a sus integrantes, y eso daba una mala señal. Prueba de ello es lo que se ha develado últimamente, que se origina, precisamente, en seguimiento a organizaciones criminales.
Se desenmascaró toda esa red de corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Eso favorece la impunidad, pues se negocian sentencias. Y, por esa misma razón, ha beneficiado al hampa. Para el delincuente, es negocio delinquir porque no hay riesgo, porque puede arreglar con el que lo detuvo o en el Poder Judicial.
Uno de los principales elementos que sustenta el desarrollo del país es tener un Poder Judicial transparente, justo y accesible. Y estamos lejos de tener ese sistema judicial que genere a la ciudadanía sensación de justicia, oportunidad y equilibrio en sus decisiones.
Lo que debemos hacer es trabajar en la justicia comunitaria. Además, se debe reformar el Consejo Nacional de la Magistratura para que elija a los mejores jueces y fiscales. También se debe castigar con penas efectivas cualquier delito, por pequeño que sea.