¿Qué plantean los candidatos a la presidencia para combatir la delincuencia?

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más afecta a la población y la pandemia por el COVID-19 empeoró la situación debido a la crisis económica y el desempleo. A continuación resumimos las propuestas consignadas en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales que lideran las encuestas, con miras a frenar el accionar delictivo en sus distintas modalidades, en caso sean elegidos.

Yonhy Lescano (Acción Popular)

El excongresista y candidato de Acción Popular plantea una reforma penitenciaria para convertir las cárceles en “centros productivos, de readaptación de reos, de automantenimiento y aisladas de las principales ciudades”.

Asimismo, reforzar el trabajo de inteligencia policial e investigación criminal.

Con relación al narcotráfico, Lescano plantea poner “mayor foco en los aeropuertos y puertos en convenio con la Administración para el Control de Drogas (DEA)”.

En su plan, que según ha dicho está incompleto, también se señala la implementación de más fiscalías especializadas en lavado de Activos y el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En los casos de violación sexual de niños y mujeres, Lescano propone la implementación de la castración química, como medida complementaria a la pena de cárcel.

George Forsyth (Victoria Nacional)

El exfutbolista y exalcalde de La Victoria ofrece “recuperar la autoridad del Estado a partir de una gestión honesta desde las comisarías y el Ministerio del Interior”.

De esta manera considera que se recuperará la confianza de la población en la Policía Nacional. Esto iría de la mano con una reestructuración del sistema disciplinario policial.

También plantea reformar la educación en la PNP, introduciendo una segunda especialización y el desarrollo de un nuevo perfil de policía “con dominio de la inteligencia, investigación, orden, seguridad y administración”.

El documento menciona además potenciar la productividad de las unidades especializadas de investigación criminal.

Sobre el tráfico ilícito de drogas, plantea fortalecer el control y represión.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

El empresario y exregidor ofrece derrotar la delincuencia común y la microcomercialización de drogas por medio de las denominadas Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, con participación de policías, serenos, fiscales, jueces y organizaciones sociales.

También plantea implementar la videovigilancia con el apoyo de los gobiernos regionales y municipales.

Además, Aliaga propone promover la creación del denominado Colegio Profesional del Policía y dotar de herramientas legales que permitan a los efectivos “desarrollar sin limitaciones su mandato legal y constitucional”.

El documento también menciona la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Policía y la Seguridad, a fin de elevar su nivel científico, tecnológico y operativo.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

La excongresista propone construir nuevos penales para disminuir el hacinamiento y la sobrepoblación.

En esa línea una reorganización del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) y un programa de despenalización inmediata con libertad vigilada a reos que no son de alta peligrosidad.

También ofrece crear el programa denominado Distrito seguro, y fortalecer las comisarías con los mejores oficiales, quienes recibirán incentivos.

Asimismo, mejorar la calidad en la formación de la policía, revisando el número de escuelas y mejorar su nivel.

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

La excongresista ofrece formar más policías con un nivel superior y mayor énfasis en materia de derechos humanos.

Asimismo, dotar de recursos corrientes adicionales al serenazgo, priorizando al personal femenino para atender casos de violencia doméstica.

También menciona la “reducción de la violencia en los delitos comunes” y fomentar una cultura de paz en las instituciones educativas y organizaciones sociales, vecinales y comunales.

Otras de sus propuestas son aumentar en 50% el patrullaje policial en todo el país y diseñar una política de prevención social que enfrente la deserción escolar, la violencia familiar y el consumo de drogas ilegales y alcohol.

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