Hay varios puntos que incorpora el Decreto Legislativo N.° 1582, publicado ayer en El Peruano, que endurece el control migratorio. Uno de ellos es que los extranjeros ilegales que hayan sido expulsados no podrán reingresar al país por un periodo de 15 años, contados desde el día en que efectúe su control migratorio de salida.
Además, establece que el procedimiento administrativo sancionador especial excepcional (PASEE) es aplicable a los extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular y a aquellos que realicen actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.
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En esta etapa, se desarrollará una audiencia única, virtual o presencial, que no podrá exceder las 24 horas. De comprobarse la comisión de la infracción, Migraciones emite la resolución de sanción que ordena la expulsión inmediata.
De otro lado, el dispositivo legal sanciona con multas a las empresas de transporte interprovincial de pasajeros que lleven a foráneos en situación migratoria irregular, “salvo que su traslado corresponda a una disposición de una autoridad competente o se encuentre en riesgo la vida de la persona”. Ya desde ayer, algunas compañías de este rubro se negaban a dejar subir a sus unidades a los extranjeros ilegales.
En el caso de los hospedajes, estos serán castigados por no solicitar a los extranjeros los documentos migratorios que autoricen su ingreso o por brindar alojamiento sin registrar la nacionalidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos completos del huésped foráneo, fecha de ingreso y salida del hospedaje, sexo, así como el número de documento de identidad o de viaje. Estas y otras medidas incluidas en la norma entran en vigencia a partir de hoy.
Sobre el tema, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que el costo que demande la expulsión de extranjeros será asumido íntegramente por el Gobierno. Indicó que estos serán enviados a sus países de origen. Recalcó que ya ha tenido reuniones con representantes de Ecuador y de Colombia para coordinar acciones que permitan el retorno voluntario de extranjeros que se encuentren en el territorio nacional de forma irregular, bajo un enfoque humanitario.
Destacó la importancia de promover un trabajo conjunto entre los tres gobiernos, además de mantener permanente comunicación para abordar el tema y alcanzar acuerdos que beneficien a sus países.