Nuestro país cuenta con 68 cárceles habilitadas y activas. Y en ellas se encuentran recluidas 93,521 personas —entre sentenciadas y procesadas—, según las cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a agosto de este año. ¿Y sabe cuál es la capacidad real de albergue que tienen nuestras prisiones? Esta llega, apenas, a 41,019. Es decir, existe una sobrepoblación de 52,502 reos (un 128%).
En este contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, anunció, la tarde de ayer, una política con la que se pretende deshacinar los presidios. “Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dispone que en los próximos dos años se deben cerrar los penales que no tengan las condiciones carcelarias que dispone la ley”, enfatizó en conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno.
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Arana Ysla indicó que en el Consejo de Ministros se aprobó un decreto legislativo que otorga beneficios penitenciarios a los presos que hayan tenido un buen comportamiento. “El propósito de esta norma es beneficiar a los internos que tengan la capacidad de haber demostrado durante los últimos años una conducta ejemplar en el penal”, destacó.
Acotó que la medida se aplicaría a los internos que hayan cometido delitos culposos o de poca lesividad, como es el caso de falsificación de documentos, hurto simple, incluso lesiones levísimas. “No va de ninguna manera, este decreto legislativo, a beneficiar a los que están procesados o sentenciados por secuestro, robo agravado, terrorismo, violación y todos los delitos de esta naturaleza”, enfatizó. Dijo que, con esto, se va a lograr deshacinar poco a poco los penales. Anteriormente, el Gobierno también anunció un mayor uso de los grilletes electrónicos. La idea es hacer espacio en las cárceles a los delincuentes de alta peligrosidad, como los integrantes del Tren de Aragua.
De acuerdo con el INPE, en las 68 prisiones del país hay 58,569 (63%) internos sentenciados y 34,952 (37%) procesados. Además, hay 22,180 presos por robo agravado; 11,114, por violación sexual de menor de edad; 7,092, por tráfico ilícito de drogas; 5,514 por tentativa de robo agravado; 4,894, por promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas; y 3,904, por violación sexual. Del mismo modo, hay 1,236 presos por incumplimiento de la obligación alimentaria (385 de ellos procesados).