La Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades judiciales garantizar las condiciones mínimas en el juicio contra César Alva Mendoza, procesado por secuestrar, violar y matar a la niña Jimena, y así evitar que la nueva diligencia, programada para el 10 de octubre, se vuelva a frustrar, ocasionando nuevas postergaciones.
La institución demandó al Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al Instituto Nacional Penitenciario tomar las previsiones necesarias para el correcto desarrollo del proceso y lograr así que el sujeto reciba la sanción penal por los delitos que cometió.
La Defensoría del Pueblo recordó que, el viernes pasado, un equipo de la Oficina Defensorial de Lima Este participó en la audiencia virtual contra Alva Mendoza, realizada en el Segundo Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho.
Sin embargo, debido a que no se notificó al defensor público, la diligencia se postergó. Esta no es la primera vez que el proceso sufre un retraso. Por ello, consideró que en esta nueva audiencia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe velar para que el procesado cuente con un defensor público que lo asista.
Alva Mendoza, actualmente recluido en el penal de Cochamarca, Pasco, enfrenta un juicio por el secuestro, violación y asesinato de Jimena, ocurridos en febrero pasado, en San Juan de Lurigancho.
Recientemente, el Segundo Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho extendió el plazo de prisión preventiva en contra del sujeto por nueve meses más.
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