Crean Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y ya inició sus funciones

Luego que en diciembre del 2020 se dispusiera la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, en el marco de los compromisos asumidos por el Estado Peruano con la suscripción del Convenio de Budapest, el Ministerio Público, se conoció que el pasado lunes, esta entró en funciones en respuesta al incremento de la ciberdelincuencia en el país.

Para este efecto, la Fiscalía de la Nación dispuso la creación de la Red de fiscales en ciberdelincuencia a nivel nacional, conformado por 64 fiscales –34 titulares y 30 alternos–, que serán los puntos de contacto entre los distritos fiscales y la mencionada unidad. Todos ellos, integrarán la red en adición a las funciones que actualmente vienen desempeñando.

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La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia con competencia nacional, tiene entre sus objetivos específicos, efectuar la orientación técnico-jurídica en las investigaciones de los delitos cometidos por medios tecnológicos, desde la identificación y preservación de la evidencia digital.

En esa línea, brindará acompañamiento técnico a los fiscales en la realización de la investigación en los delitos previstos en Ley de delitos informáticos, la estafa agravada realizada para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario; y aquellos casos en los cuales la obtención de prueba digital sea determinante para la investigación.

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También, unificará criterios en procedimientos y métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia, elaborando directivas, lineamientos, instructivos, guías u otros, en el ámbito de su competencia, que orienten a los fiscales penales a nivel nacional en la realización de las investigaciones.

La unidad, en adición, coordinará con las Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional sobre el apoyo necesario para el debido cumplimiento de las funciones asignadas. De la misma forma se hará con los organismos estatales y privados afines a la materia de ciberdelincuencia.

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