Investigan adquisición de mascarillas para la Aviación Policial que no cumplirían estándares por un valor de S/550 mil

El Fiscal Provincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, Francisco Alarcón Solís, abrió investigación preliminar sobre la adquisición de 24 mil mascarillas valorizadas en más de S/ 550 mil, por parte de la Dirección de Aviación Policial PNP (DIRAVPOL) las cuales no reunirían las condiciones necesarias para proteger del Covid-19. Este material de protección ha sido distribuido a 870 agentes de esta unidad a nivel nacional, quienes durante el actual estado de emergencia apoyan en el traslado de muertos por Covid-19.

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Como una de las primeras diligencias a fin de determinar a los que resulten responsables del presunto delito contra la administración pública, el representante del Ministerio Público intervino el pasado 28 de abril la sede de dicha dependencia policial ubicada en la av. Elmer Faucett, en el distrito del Callao.

Ante la presencia del comandante PNP Óscar Arones Cánova, jefe de la División de Seguridad Aérea, comandante Omar Puente Auccapoma, je de Logística, y del personal subalterno, se incautaron muestras de mascarillas marca Life 2095-1 de color negro y blanco, las mismas que se encontraban en un total de diez cajas, en un depósito anexo al almacén principal.

Dichos productos están siendo sometidos al peritaje correspondiente para determinar si cumplen con los estándares de protección necesarios.

Asimismo, como parte de la diligencia de exhibición y recojo de documentos, el fiscal Alarcón recabó expedientes técnicos, constancias de ingreso y salida de ambos almacenes, entre otros relacionados al proceso de adquisición del referido material de bioseguridad de fabricación colombiana.

Entre las demás diligencias programadas para esclarecer esta denuncia que circula en redes sociales, se verificará también si las mascarillas compradas a la empresa Ka´Linson Perú S.A.C. bajo el nombre respirador N-95 con válvula, a un costo unitario de S/ 22.93, cuentan con la debida certificación de calidad. La investigación, bajo las propias estrategias del fiscal Francisco Alarcón, tiene un plazo de 120 días contados a partir del 20 de abril.

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