Un celular no solo puede ser una excelente herramienta de comunicación. En malas manos, este dispositivo puede transformarse en un arma de las organizaciones criminales. Por esa razón, el Poder Ejecutivo ha aprobado, en sesión del Consejo de Ministros, un decreto legislativo que permitirá dar de baja a todos aquellos teléfonos móviles que hayan sido empleados para extorsionar.
La medida contempla la posibilidad de hacer esta solicitud a las empresas operadoras de telefonía, ya sea de oficio o a solicitud del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Poder Judicial o del Ministerio Público cuando se detecte el equipo electrónico que sea empleado para promover, facilitar o consumar el mencionado delito, cuya incidencia ha crecido en las últimas semanas.
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Del mismo modo, se ha establecido que todos los que intervienen en el proceso de contratación de un servicio de telefonía móvil están en la obligación de hacer la validación del usuario, a través de la verificación biométrica con la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Por último, el Consejo de Ministros ha incorporado el artículo 222-D al Código Penal, para sancionar la posesión ilegítima de dispositivos para adulterar, reemplazar, duplicar o modificar el IMEI —International Mobile Equipment Identity, código único de 15 dígitos que identifica al teléfono celular a nivel mundial— de los equipos móviles.
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