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[ACTUALIZACIÓN 5:13 PM]La Policía Nacional negó este viernes haber retirado el resguardo en los locales judiciales de la , tal como lo afirmó dicha instancia judicial mediante un comunicado.

El director de Seguridad del Estado, general PNP Carlos Tuse, explicó que retiraron un piquete de agentes de este local judicial porque eran empleados para otras funciones.

"El año pasado hemos retirado un servicio de piquete que lo mal utilizaban (…) teníamos quejas de que usaban a los policías para ordenar colas de personas y expedientes. Estaba desnaturalizado ese servicio", manifestó Tuse en Canal N.

También precisó que agentes de la Región Policial Lima están a cargo del resguardo externo de todos los locales del Poder Judicial.

Además, indicó que la Corte Superior de Justicia de Lima cuenta con 13 policías y 3 camionetas para acompañar a los magistrados en diligencias judiciales y que tienen más de 200 agentes a cargo de su seguridad personal.

[NOTA ORIGINAL]A pocos días de que se produjera el asalto a mano armada en una sede judicial en Chorrillos, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima denunció que se ha retirado la seguridad policial en todos sus locales. Es decir, los jueces que llevan adelante procesos de todo tipo se encuentran desprotegidos.

A través de un comunicado, dicho ente encargado de administrar justicia informó que esta situación se viene dando pese a que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima ha remitido hasta la fecha 12 oficios al Ministro del Interior y al director general de la Policía Nacional reclamando por la medida.

Se ha solicitado una respuesta urgente para dar solución a este problema pero a la fecha no se ha obtenido ninguna, refiere el comunicado.

Ante ello, los jueces que desarrollan sus actividades en los diferentes distritos de la capital, no cuentan con seguridad policial. Esto a diferencia de épocas anteriores en que el Ministerio del Interior sí dotaba de este servicio a la judicatura.

Por tal razón, los magistrados están expuestos a un inminente riesgo de su integridad física debido a posibles agravios por parte de los procesados o sus familiares.

Finalmente, la Corte Superior de Lima señaló que viene analizando la posibilidad de hacer uso de las vías legales a fin de conseguir que la Policía "cumpla con las funciones que la ley les impone".