El Poder Ejecutivo presentó ayer, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que establece el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos cometidos en agravio del Estado y propone que quienes ingresen a esa lista no puedan postular a ningún cargo de elección popular ni ejercer función alguna en el Estado.
De acuerdo con la iniciativa, una vez consentida o ejecutoriada la sentencia que dispone la reparación civil, el órgano judicial que conoció el proceso deberá requerir, de oficio, el cumplimiento del pago en un plazo de 10 días.