Perú pedirá reestructurar competencias de la CIDH

Tras expresar a nombre del Gobierno el rechazo rotundo hacia la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado por el caso Chavín de Huántar, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, anunció que se tomarán medidas judiciales y políticas para defender los intereses del Perú y que para ello el primer paso será plantear la reestructuración de las competencias del sistema interamericano de justicia.

La CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y pidió abrir un proceso a los comandos que participaron en la exitosa operación para liberar a los rehenes que terroristas del MRTA tomaron en la embajada de Japón de Lima en 1997, por la supuesta ejecución extrajudicial de tres subversivos.

"No es un objetivo del Gobierno el retiro del Perú del sistema interamericano. Lo que está planteándose es el pedido de reestructuración. Ese punto queremos debatirlo como Estado ante foros internacionales y ante la propia Asamblea General de la OEA", explicó Jiménez Mayor en una conferencia de prensa.

Luego de reafirmar que el Ejecutivo rechaza y condena la decisión de la CIDH, anunció la designación del procurador César Azabache para la defensa del Estado en este caso.

NO HUBO ALLANAMIENTOEn otro momento, Jiménez negó que haya existido algún tipo de allanamiento con las prórrogas que le solicitó a la comisión mientras se evaluaba el asunto a nivel interno. "Prueba de eso es que estamos demandados", acotó el titular de Justicia, tras explicar que dichas peticiones se dieron como parte de una fallida estrategia de defensa.

"Estábamos estructurando una defensa en función a una sentencia judicial (de la Tercera Sala Penal) que nunca llegó. Eso ocasionó que la defensa del Perú no fuera plena", dijo, luego de señalar que la mencionada sala estaba trabajando a dedicación exclusiva en el caso para acelerar el proceso, aunque no cumplió su objetivo.

A su turno, Azabache resaltó su confianza en que el Perú podrá defenderse ante la Corte Interamericana. "Una sentencia (favorable) reinvindicará el respeto que merecen los tribunales nacionales, plenamente competentes para tomar decisiones en casos tan difíciles como el de una posible interferencia en un operativo regular conducido por oficiales de las Fuerzas Armadas que no están en juicio", detalló.