Luego de 30 años, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ha retomado la administración del penal de Lurigancho.
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En el establecimiento que alberga a 9,600 reos se realizará un censo para conocer la situación actual de los internos.
"Nuestro rol es dignificar y humanizar las cárceles para resocializar a nuestros internos. Ellos saldrán en libertad y tenemos que enseñarles a ganarse la vida honestamente y reducir los espacios del delito", sostuvo la titular del pliego, Marisol Pérez Tello.
A partir de la fecha el recinto será resguardado por 500 agentes penitenciarios, quienes estarán a cargo de la seguridad interna y externa del penal.
El presidente del INPE, Carlos Vásquez Ganoza, afirmó que para finales del 2017 todos los establecimientos penitenciarios del país serán administrados por la institución.