Este miércoles, fue publicado el acuerdo del Concejo Metropolitano en el que exhorta a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) activar el para activar el proceso de evaluación conjunta de los contratos de Rutas de Lima y Línea Amarilla. Entre ambos, suman 18 peajes en la capital.
Así lo establece el Acuerdo de Concejo N° 076, publicado este miércoles en la Separata de Normas Legales del diario El Peruano.
El dispositivo también señala declarar de interés institucional, la intervención de la Contraloría General de la República en el proceso de evaluación conjunta.
Como se recuerda, el mecanismo avalado por el Concejo se realizará a través de un comité en el que participarán también el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad de Lima y los concesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla.
Asimismo, dispone la intervención de la Procuraduría Pública Municipal para que, en el marco de sus competencias, coadyuve con la labor que viene realizando la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para las acciones legales que correspondan.
La propuesta de que se active el proceso de evaluación conjunta fue formulada por el propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien consideró que esa salida -prevista en el Decreto Legislativo 1362 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 240-2018 MEF- es la mejor opción para el problema de los peajes.
Vías Nuevas de Lima estuvo a cargo del consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, mientras que la concesión Línea Amarilla (que incluye el puente debajo del río Rímac) estuvo a cargo de OAS, hoy bajo la representación del grupo Vinci Highways.
Los cuestionamientos hacia la legalidad de los contratos de concesión de peajes llegaron luego que las empresas como OAS y Odebrecht revelaron que aportaron a las campañas contra la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien a su vez confesó que dichos aportes sí se efectuaron.
El 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. Posteriormente, en la administración de Susana Villarán se suscribió una adenda y se amplió el periodo a 40 años.
En el 2012, con Villarán de la Puente suscribió un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual incluía un peaje en Chillón que finalmente fue anulado ante las protestas de la población.