Peaje en Puente Piedra debe ser suspendido, solicita la Defensoría del Pueblo

Como un abuso calificó la Defensoría del Pueblo el incremento del peaje y las operaciones de la nueva garita en el distrito de Puente Piedra.

"Lo que está ocurriendo es un claro abuso de posición de dominio, pues, en la práctica, se ha aislado a los residentes del AA.HH. Laderas de Chillón, obligándolos a pagar peajes para salir y entrar al lugar donde viven, lo que constituye, cuando menos, una restricción al derecho constitucional de libre tránsito. Por ello, debería suspenderse el incremento del peaje y la operación de la nueva garita", señaló el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Dirigentes de tres asociaciones de vivienda del distrito de Puente Piedra presentaron sus denuncias ante la defensoría, donde describieron el incremento del peaje y la instalación de la garita como "un acto abusivo e ilegal, pues ni siquiera hay vías alternas, como sí sucede, por ejemplo, en la Panamericana Sur".

La situación se torna muy perjudicial para los habitantes de la zona, ya que quienes viven en la zona adyacente al peaje deben caminar alrededor de 2 kilómetros para acceder al puente peatonal más cercano.

También, el precio de los pasajes del transporte público se ha incrementado, bajo el sustento de la mencionada alza de peaje y la implementación de la nueva garita.

"No hay razón que justifique un incremento desproporcionado del peaje, o la restricción al libre tránsito de los residentes de la zona", precisó el Defensor del Pueblo, "esto constituye una violación de los derechos de los usuarios por parte de la concesionaria", precisó en una nota de prensa la defensoría.

Walter Gutiérrez manifestó que solicitará información al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) que tiene a cargo la supervisión de la concesión para que, frente a los hechos denunciados, interprete y aplique el contrato y las normas en favor de los usuarios.

La Defensoría del Pueblo solicitará la intervención del Indecopi para que, en el marco de sus competencias, corrija y, de ser el caso, sancione a la concesionaria en su condición de proveedora de un servicio público.