Presidencia del Consejo de Ministros retrocede sobre retiro y cierre de minas

Corrigió el error. Apenas cinco días después del anuncio realizado en Ayacucho, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) descartó el cierre y retiro de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y cuenten con los permisos correspondientes para operar.

Según refirió en un comunicado publicado en la mañana de ayer, “los planes de cierre y sus modificaciones, presentados por las empresas y aprobados por las autoridades competentes, se gestionan y controlan por el Estado de acuerdo con la normativa vigente”.

De esta manera, el Gobierno dejó abierto el camino para que las empresas mineras soliciten “prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normativa vigente”.

Horas más tarde, la premier Mirtha Vásquez –en un mensaje publicado en Twitter antes del mediodía– sostuvo que el Gobierno respeta el Estado de derecho y que no habría “vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales”, pero el Estado sí asumiría “la función de fiscalizar los procesos de cierre de minas y control ambiental acorde a los marcos legales”.

Y aunque su publicación empezaba aludiendo a una “ratificación”, era diametralmente opuesto a lo dicho días atrás sobre las cuatro minas en Ayacucho (Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada), cuando aseguró que no habría ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración minera.

“Vamos a exigirle que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, fueron las palabras de la premier que provocaron el desplome de las acciones de Hochschild en la Bolsa de Londres, y las de Southern y Buenaventura, que ocasionaron la caída del Índice Minero de la BVL y la escalada del dólar.

MINEROS EN POSITIVO

Frente a la nueva postura del Gobierno, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) calificó como positiva la declaración pública de la PCM tras manifestar su pleno respeto a la normatividad vigente que rige para las actividades productivas del sector minero.

El gremio ratificó su voluntad de trabajar “conjuntamente con el Estado peruano en la sostenibilidad y competitividad de la industria minera”, pero solicitó que el Ejecutivo garantice la plena vigencia del Estado de derecho y reglas claras que permitan que el Perú siga siendo un destino confiable para las inversiones nacionales y extranjeras.

Por lo pronto, el Ministerio de Energía y Minas anunció que continúa dialogando –por separado– con las mineras que operan al sur de Ayacucho, es decir, con Compañía Minera Ares (Grupo Hochschild), Sami SAC y Apumayo SAC, a quienes han garantizado “el estricto respeto del marco jurídico para las operaciones e inversiones mineras”.

Tenga en cuenta

• El canciller Oscar Maúrtua señaló que el Gobierno garantiza estabilidad y seguridad jurídica a las empresas, “ratificando el mensaje del presidente Castillo en foros internacionales y ante inversionistas en el extranjero”.
• Por su parte, Pedro Castillo dijo en un evento con pymes que su gestión apuesta por la gran inversión y que “no habrá decisiones arbitrarias ni unilaterales”. ¿Un mensaje para su premier?

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