En cerca de 40 minutos, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expuso la mañana del martes 29 de agosto, ante los miembros de la Comisión de Constitución del Congreso de la República una serie de argumentos para justificar el pedido de facultades legislativas hechas por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de afrontar la creciente inseguridad ciudadana, generada por una delincuencia que actúa con ventaja y con mayor crueldad.
El denominado plan Boluarte, aseguró el premier, posee tres componentes. Uno de ellos es la prevención; el otro, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, y el tercero, el fortalecimiento de la Policía como institución que dirige la política de seguridad.
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Indicó que las normas que pretende emitir el Gobierno están enfocadas a regular el servicio de transporte público por aplicativo, que genera gran cantidad de asaltos. También a fiscalizar las motos, empleadas en robos y en muchos asesinatos por encargo (sicariato). Asimismo, se pretende endurecer las penas a las personas que roben carteras, dinero o celulares, que constituyen el 68% de todos los delitos cometidos.
Otárola enfatizó que se pretende establecer medidas para prevenir el robo de celulares y que, además, se busca sancionar duramente la comercialización de los terminales móviles sustraídos (muchos de estos equipos están manchados de sangre). “La vida de nuestros hijos está siendo truncada por un delincuente que vende un celular a 50 soles”, aseveró.
Hay otras iniciativas (ver recuadro) referidas a la creación de una única central de emergencias, a la incorporación a labores de seguridad a agentes retirados de la PNP y a la posibilidad de que los gobiernos locales puedan invertir en la labor policial. El primer ministro dijo que son, en total, 33 proyectos de ley que buscan reforzar la seguridad y la labor policial.
El premier afirmó que casi el 40% de peruanos considera que la seguridad es el problema más importante de su vida. Asimismo, indicó que los niveles de victimización han pasado de 18.2% en 2021 a 26.9% en 2023 —”esto significa que 26 de cada 100 peruanos han sido víctimas de un hecho delictivo”— y que la percepción de inseguridad está en 82.3%. “Esto no puede seguir. Tenemos que cambiar de manera radical estas cifras”, expresó.
Sobre el tema, el general (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP y exsecretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), consideró que el premier no ha dado detalles sobre la forma en que ejecutará el denominado plan Boluarte ni el presupuesto que este requerirá.
“Veo que esto es algo populista, pero sin ningún estudio previo”, declaró a Perú21. Lamentó que los gobiernos locales ni regionales hayan elaborado sus planes anuales de seguridad, tal como lo exigen las normas. Acotó que los comisarios no están formulando los planes de patrullaje integrado. “El plan Boluarte debería fortalecer el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana”, expresó.