(Ángel Arroyo)
(Ángel Arroyo)

Armando Enco, procurador adjunto de la , admitió esta mañana que los bloques de cemento colocados en "sí constituyen una obstrucción del tránsito", pero subrayo que ningún derecho constitucional es absoluto.

"La municipalidad, como autoridad, está facultada para restringir el tránsito. Así se hace, por ejemplo, en las obras viales", remarco durante su intervención en la audiencia desarrollada en la Cuarta Sala Penal de Lima.

Por este motivo solicito al tribunal que el fallo emitido por el juez sea revocado y se declare la improcedencia del .

Por su parte, el abogado de la dirigente , Carlos Aguilar, pidió a la sala que se cumpla la ejecución de la polémica sentencia. Expresó que la comuna violó el debido proceso al proceder con un "desalojo de facto directo".

"No hay ninguna resolución municipal que disponga la colocación de bloques. Debió haber procedido con un desalojo por la vía judicial", dijo, al momento de indicar que la alcaldesa Susana Villaran intentó confundir a la población a través de los medios de comunicación.

En otro momento, calificó a Urbina como un juez "honesto probo y valiente".

Al culminar la audiencia, los jueces dejaron al voto la decisión de revocar o no el fallo del 56 Juzgado que ordena la reapertura del mercado mayorista.

Aguilar dijo que, debido al tamaño del expediente, la sala tendría entre 15 y 20 días para resolver este caso. y Ávila expresó su confianza en que la sala "ratifique el fallo y se respete el estado de derecho".