El trabajo forzoso afecta a nivel mundial a cerca de 21 millones de personas. (Getty)
El trabajo forzoso afecta a nivel mundial a cerca de 21 millones de personas. (Getty)

El incendio en puso los reflectores sobre una problemática que afecta a miles y que pasa desapercibida: al trabajo forzoso. En pleno siglo XXI, no es exagerado decir que algunas prácticas laborales se asemejan a la esclavitud.

Perú21 conversó con Teresa Torres, Coordinadora del Proyecto contra el Trabajo Forzoso – Bridge Perú de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos.

Ella nos ha brindado algunos datos sobre cuántas personas se encuentran en una situación de trabajo forzoso, las acciones que realiza en nuestro país y cuántos millones genera este tipo de esclavitud moderna.

¿Cuáles son las cifras más recientes de esta situación en el Perú?

-El trabajo forzoso afecta a nivel mundial a cerca de 21 millones de personas, de las cuales 14,2 millones son víctimas de explotación laboral. A nivel mundial, el trabajo forzoso genera anualmente ganancias ilegales por un valor de US$150,000 millones. Solo en América Latina y el Caribe se estima que hay 1.8 millones de víctimas y que se generan US$12,000 millones. La propia naturaleza de este delito limita el conocimiento real del problema. Las víctimas a menudo trabajan ocultas, fuera de la vista del público, por ejemplo a bordo de buques pesqueros, en pequeños talleres clandestinos, en la agricultura comercial o en domicilios particulares.

El Estado, en específico el Ministerio de Trabajo a través de Sunafil, realiza inspecciones a los centros laborales de los cuales recibe denuncias. Sin embargo, esto obviamente no es suficiente, pues el trabajo forzoso persiste ¿qué políticas se deben implementar para poder erradicar este mal?

-La erradicación del trabajo forzoso requiere voluntad política, una gobernanza eficaz del mercado de trabajo y un diálogo social incluyente. El Estado viene trabajando, y la OIT ha apostado siempre, por la articulación de los distintos actores con competencia en la materia. Perú cuenta con instrumentos de política específicos para la lucha contra el trabajo forzoso como el Plan Nacional, el Protocolo Intersectorial, y el Protocolo de actuación en materia de trabajo forzoso de SUNAFIL. El vacío en la legislación penal para sancionar el trabajo forzoso limitaba la participación de fiscales y policías únicamente a casos en los cuales se presentaran los elementos del delito de trata de personas.

Los pobres, los más desprotegidos

Desde la OIT, ¿qué recomendaciones se ha brindado al Perú para que se erradique el trabajo forzoso? Y a futuro, tras el incendio, ¿qué recomendación brinda?

-La OIT brinda asistencia técnica al gobierno, organizaciones de trabajadores y empleadores a fin de fortalecer el diseño e implementación de la política pública para la erradicación del trabajo forzoso. Bajo ese marco, la OIT viene apoyando a la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en aspectos como la generación de conocimiento; sensibilización y generación de conciencia; mejora y actualización del marco de política y normativo, fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia, así como de organizaciones de trabajadores, entre otros. También aportamos en el diseño de una intervención para atender e iniciar el proceso de recuperación de presuntas víctimas y población vulnerable de trabajo forzoso y trata de personas.

¿A qué grupo de personas afecta el trabajo forzoso en nuestro país? ¿En Lima?

-Principalmente las personas más pobres y desprotegidas. Algunos factores asociados a esta problemática son justamente la pobreza, la falta de acceso a educación y empleo, insuficiente información y difusión a potenciales víctimas sobre el problema y la ausencia de un sistema integral de protección. De manera específica, algunos grupos vulnerables suelen ser los jóvenes, las mujeres, los trabajadores migrantes, y los pueblos indígenas. Por ello, resulta crucial mejorar el nivel de educación y la falta de oportunidades de trabajo decente. Además, el trabajo forzoso afecta en mayor medida sectores como la construcción, manufactura, minería y otros servicios, agricultura y silvicultura, y el trabajo doméstico.

El encierro atenta contra los derechos humanos, ¿qué está haciendo la OIT sobre esta problemática que afecta a muchos países del mundo?

-En junio de 2014 gobiernos, empleadores y trabajadores aprobaron en la OIT el Protocolo sobre trabajo forzoso, el cual establece nuevas medidas para enfrentar un contexto globalizado que ha determinado las nuevas características de la esclavitud. A la fecha, 17 países han ratificado dicha norma, incluyendo a Panamá, Argentina y Jamaica en la región. Creemos que la ratificación por parte de Perú puede fortalecer no solo su marco normativo interno, sino también la cooperación con otros Estado. En el Perú tenemos el Proyecto del "Protocolo a la Práctica: Un Puente para la Acción Global contra el Trabajo Forzoso", financiado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos e implementado por la OIT a través de intervenciones en Malasia, Mauritania, Nepal y Perú. Acá, se busca aumentar la sensibilización sobre el tema, mejorar las políticas públicas, planes de acción y promover el acceso a programas de atención y recuperación para presuntas víctimas y población vulnerable.

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