Ocho presuntos narcos, detenidos en 2014, están a punto de dejar la prisión

Pese a que cayeron con más de siete toneladas y media de cocaína acondicionada en carbón, ahora están a punto de salir en libertad. Se trata de ocho integrantes de una de las mafias internacionales de narcotraficantes más importantes de los últimos tiempos, entre las que se encuentran dos mexicanos y seis peruanos.

Ellos fueron capturados el 25 de agosto de 2014 en la ciudad de Trujillo . En aquel momento, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para ellos. Pero ahora, la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó, el 5 de julio, la resolución de ampliación de detención por 12 meses más, lo que les abriría las puertas de la prisión.

Así lo advirtió a Perú21, el doctor Jorge Chávez Cotrina, coordinador Nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. Los ocho implicados en el delito de narcotráfico estaría a punto de conseguir su libertad antes de fines de agosto, si no se reconsidera la medida.

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La droga fue hallada en los depósitos de las empresas Betas Andinas del Perú y Alfa & Omega, la misma que estaba escondida en trozos de carbón. Para esto, los narcos hacían un hueco en el mineral, colocaban los paquetes con cocaína y, luego, le agregaban una sustancia química para sellarla.

Los paquetes eran expuestos al sol durante un mes, para que tome una apariencia sólida y compacta. Una vez lista, esta era enviada, como producto de exportación, al extranjero. El peso total de la ilegal mercadería incautada fue de siete toneladas y 600 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado internacional superaría los 300 millones de dólares.

En la intervención se detuvo a los mexicanos Rubén Larios Cabadas (33) y Jhoseth León Gutiérrez, así como a los peruanos Tadeo Uriel Herrera Villanueva, Néstor Porfirio Herrera Villanueva, David Ishar Pantoja Campos, Cornelio Villanueva Melendres, José Luis Tinta Jara y Carlos Manuel Mendoza Rodríguez.

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La Policía determinó que el mexicano Rodrigo Torres —'Lic' o 'El Durón'—, quien se encuentra como no habido, sería el presunto cabecilla de esta mafia. Se le responsabiliza por el envío de, al menos, 25 cargamentos, para lo que empleó las mencionadas empresas, las que habían sido legalmente constituidas y se dedican a la exportación de carbón vegetal.

También se estableció que Rubén Larios Cabadas —señalado por las autoridades como el coordinador de la banda de narcotraficantes en el Perú—, es sobrino de Marco Antonio Larios Díaz, quien figura en la lista de los más buscados de la DEA por, supuestamente, ser el enlace del temido cartel de Sinaloa de México en Colombia y Perú, según un boletín de dicha institución.

Tras desbaratar esta organización, el Ministerio Público solicitó, inicialmente, 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la magistrada Mercedes Caballero, la que fue concedida. Posteriormente, pidió una ampliación de 18 meses más, la que también fue atendida.

La fiscal argumentó que faltaba realizar muchas diligencias y que el caso resultaba complejo porque hay dos extranjeros entre los detenidos. "La magistrada, basada en el Decreto Legislativo 1307, artículo 274, que señala en qué casos se prolonga la prisión preventiva, resolvió ampliar por 12 meses", explicó.

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La defensa de los investigados no estuvo de acuerdo y apeló a la resolución ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones conformada por los magistrados Octavio Sahuanay Calsin (presidente), Iván Quispe Aucca y Jesica León Yarango. "Esta revocó la resolución y ha dejado sin efecto la extensión de prisión preventiva afirmando que es inviable. Por eso, corre peligro que estas ocho personas investigadas por narcotráfico queden en libertad", advirtió.

"Es preocupante lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Esto nos trae un grave problema porque no tenemos seguridad jurídica. Invoco a sus miembros para que unan sus criterios respecto a determinados temas", dijo.

Chávez Cotrina refirió que su despacho está analizando el tema y que van a presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema para que decida, en última instancia, cuál de las dos instancias tiene razón. "La seguridad de un país está en la previsibilidad de las resoluciones judiciales", sentenció.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha dado a conocer públicamente su preocupación. "Corremos el riesgo que una organización de narcotraficantes salga libre y enfrente el juicio en libertad. Hago una invocación al Poder Judicial para que esto no ocurra. Todavía estamos a tiempo", expresó.

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