En una intervención en simultáneo, el Ministerio Público y la Contraloría ingresaron ayer a las dos sedes del Gobierno Regional de Tacna (GRT) para recoger información sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción que formuló la Procuraduría Anticorrupción contra la administración del gobernador Omar Jiménez.
Fueron nueve los fiscales los que ingresaron a la sede de la presidencia del GRT y a las oficinas de dicha entidad. De ambos lugares, los magistrados recogieron información de las gerencias de Ingeniería y Obras y de las oficinas de Tesorería, Archivo, Logística, Personal, entre otras.
Como es público, Jiménez y varios de sus funcionarios fueron denunciados por la Procuraduría por presunta asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, entre otros, en la ejecución de la carretera Ticaco-Candarave, y en el Proyecto Sonrisa Feliz con Mirada al Futuro, que brinda atención médica a adultos mayores sin recursos.
Al respecto, Jiménez respaldó a los funcionarios involucrados que aún laboran en su gestión. "Todos tienen mi apoyo. Esta intervención es solo una actividad preliminar. No porque alguien hace una denuncia se tienen que tomar acciones inmediatamente. Una vez que se determine a los responsables, cada uno tendrá derecho a hacer sus descargos", dijo el gobernador en una rueda de prensa.