La confesión de la ahora presa exalcaldesa Susana Villarán de haber recibido dinero ilegal de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas electorales, terminó por contaminar con corrupción la concesión de los peajes de la capital.
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que este lunes, en sesión de concejo metropolitano, se decidirá la suerte de los peajes de la Línea Amarilla y Rutas de Lima, cuyos contratos fueron firmados inicialmente con las citadas constructoras.
“No quiero ningún peaje manchado por la corrupción. Esto lo tenemos muy claro y estamos en ese proceso. Los contratos de la corrupción no van. Los peajes de la corrupción no van”, afirmó Muñoz desde San Juan de Lurigancho, donde inspeccionó obras a cargo de su comuna.
Ayer por la tarde, Muñoz convocó a concejo e hizo un llamado para encontrar consenso sobre este delicado tema. Como era de esperar, la primera reacción de algunos regidores de los bloques opositores fue que se declarase la nulidad de dichos contratos.
Incluso algunos, como Víctor Aguilar (Podemos), pidieron la conformación de una comisión investigadora y que se declaren nulos los actos jurídicos luego de que las partes (alcaldesa y constructoras) admitieran hechos que tuvieron, según anotó, un fin ilícito.
Sin embargo, el alcalde hizo un llamado a la serenidad e invocó a evaluar el tema con mucha prudencia, habida cuenta de las implicancias que surgirían con arbitrajes en el plano nacional e internacional.
SALIDAS LEGALES
El caso tomó fuerza tras la difusión de un tuit de Alberto Beingolea, excandidato a la Alcaldía de Lima, quien emplazó al burgomaestre capitalino a declarar la nulidad de las concesiones señaladas.
Recomendó que en tanto se evalúe esta situación, la administración de las vías podría estar a cargo de la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape).
Beingolea planteó tres vías que permitirían anular los contratos y el cobro de peajes: la nulidad del convenio, llegar a un acuerdo mutuo con los actuales administradores y verificar si hay una cláusula resolutoria en los acuerdos por actos de corrupción.
Uno de los distritos más afectados por el peaje es Puente Piedra. Su alcalde, Rennan Espinoza, también exigió que se anule el contrato con Rutas de Lima pues el tramo en concesión de la Panamericana Norte no cuenta con una vía alterna para la circulación de vehículos.
“No anular el contrato de peaje es aceptar la corrupción detrás de ello”, afirmó.
Consultado sobre el tema, el abogado Christian Guzmán Napurí, experto en derecho administrativo, señaló que “la ley precisa que un contrato de esta naturaleza puede ser anulado si es que es el resultado de un acto de corrupción”.
Sin embargo, el exprocurador Luis Vargas Valdivia opinó que se debe actuar con prudencia, dado que la comuna limeña ya perdió varios arbitrajes internacionales. Explicó que en el ámbito internacional se requiere que haya una decisión firme sobre los hechos de corrupción alegados.
“Las autoridades deben evaluar bien el tema, porque ¿de dónde saldrá el dinero para pagar esos arbitrajes? Del bolsillo de los limeños”, dijo en Canal N.