, y representantes del (JNE) y del (ONPE) estarán en comunicación permanente este domingo 11 de abril para vigilar que el acto electoral se desarrolle con normalidad.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, Luis Germaná Matta, quien señaló que esta coordinación interinstitucional quedó establecida en la reunión que sostuvieron las autoridades de estas instituciones públicas encargadas de defender la legalidad del proceso electoral y los derechos ciudadanos.

Refirió que, en el encuentro, los participantes analizaron los escenarios de riesgo y se comprometieron a realizar acciones conjuntas para prevenir el delito.

Respetar las medidas sanitarias

Germaná exhortó a los electores a respetar las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno y abstenerse de ir a votar si tienen fiebre alta, por ser un síntoma de la COVID-19, ya que estarían poniendo en riesgo la salud de los miembros de mesa y de los electores presentes en el local de sufragio.

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“Las medidas sanitarias durante el proceso electoral se deben cumplir en los locales de votación como el distanciamiento, ir con las mascarillas, utilizar con el protector facial y llevar nuestro propio lapicero porque es una disposición para preservar nuestra salud y de los ciudadanos”, aseveró.

Personal de primera línea

El fiscal superior mencionó que en el proceso electoral desarrollarán diferentes acciones en los centros de votación, con el alto riesgo de contraer la COVID-19, toda vez que no han sido vacunados, a pesar de que lo han solicitado al Ministerio de Salud.

Refirió que, desde que se declaró la emergencia sanitaria, los fiscales, personal administrativo y del Instituto de Medicina Legal han continuado cumpliendo sus funciones y al 27 de marzo las cifras de contagiados son de 5,247 servidores del Ministerio Público y 54 fallecidos.

Delitos electorales frecuentes

En otro momento, el fiscal Germaná detalló que los delitos electorales, previstos en el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones, son -entre otros- la perturbación o el impedimento del proceso electoral, impedimento al ejercicio del derecho de sufragio, la inducción a no votar o a hacerlo en un sentido determinado, la suplantación de un votante, la publicidad electoral 24 horas antes de los comicios y los atentados contra el derecho de sufragio.

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