Las cifras de la minería ilegal en el Perú son alarmantes: agrupa a más de 450 mil personas en 21 regiones del país, mueve un promedio de 2 mil millones de dólares al año y deja de pagar impuestos al Estado por otros 600 millones de dólares.
Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, precisó que, mientras tanto, los trabajadores de las empresas mineras formalizadas son solamente 195 mil, de los cuales 65 mil están organizados en 123 sindicatos.
Las regiones donde la actividad ilegal se encuentra en estado más crítico son Madre de Dios, Puno, Cajamarca, Piura, La Libertad y Lima (Canta y Carabayllo).
Para el analista en temas de seguridad Rubén Vargas, es innegable que hay un vínculo estrecho entre los financistas de la minería ilegal y el narcotráfico, pues esa actividad extractiva es usada para el lavado de activos.
Pero no solo eso. La minería ilegal también genera otros problemas sociales, como prostitución, trata de personas y corrupción.